Un total de 482 funcionarios públicos municipales fueron sancionados durante el año 2025 tras detectarse diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López. Las sanciones económicas deberán ser pagadas directamente por los servidores públicos responsables y no por las dependencias donde laboran.
El auditor explicó que estas multas son consideradas créditos fiscales personales, por lo que cada funcionario debe cubrir el monto con su propio dinero. En caso de no cumplir con el pago, pueden enfrentar consecuencias adicionales, como nuevas sanciones administrativas, la imposibilidad de participar en procesos electorales o incluso la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.
Las sanciones se aplicaron luego de auditorías realizadas a las Cuentas Públicas de los 59 municipios del estado de San Luis Potosí. Entre los funcionarios multados se encuentran alcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social, quienes fueron sometidos a procedimientos administrativos formales que confirmaron las irregularidades detectadas.
El monto total de las multas asciende a 3 millones 322 mil pesos. Estos recursos serán destinados a fortalecer las labores de fiscalización y capacitación que realiza el organismo encargado de supervisar el uso correcto del dinero público.
Las sanciones se originaron principalmente por ocultar información, fallas en los procesos de adjudicación, ausencia de documentos comprobatorios y otras omisiones administrativas. Estas acciones representan incumplimientos a las obligaciones legales que tienen los funcionarios al manejar recursos públicos.
El titular del organismo también aclaró que la multa es diferente al resarcimiento, ya que la primera es una sanción personal por no cumplir con la ley, mientras que el resarcimiento busca recuperar recursos públicos o corregir irregularidades, como la reconstrucción de obras. Ambas medidas buscan garantizar el uso adecuado del dinero público y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Finalmente, el auditor señaló que en años anteriores existió mayor permisividad ante estas irregularidades, lo que provocó que muchos funcionarios no cumplieran correctamente con la entrega de información o los procesos administrativos. Sin embargo, aseguró que ahora se aplican sanciones con mayor firmeza para fortalecer la rendición de cuentas y evitar malas prácticas en el manejo de los recursos municipales.
