El Instituto Nacional Electoral aseguró que no ha sido víctima de ningún hackeo masivo y rechazó las versiones que han circulado en medios y redes sociales sobre un supuesto robo de información de millones de ciudadanos. El organismo afirmó que, tras realizar revisiones técnicas, no existe evidencia de que sus sistemas hayan sido vulnerados o que se haya extraído información de sus bases de datos.
El Instituto explicó que la información que generó preocupación proviene de declaraciones hechas por una empresa privada de ciberseguridad, pero aclaró que hasta ahora no existe ninguna prueba técnica pública que confirme un ataque de ese tipo. Por ello, reiteró que no se han detectado accesos no autorizados ni filtraciones de datos en los periodos señalados.
Como parte de sus protocolos, el organismo señaló que mantiene un sistema permanente de vigilancia tecnológica que incluye monitoreo constante de sus plataformas, análisis de registros digitales y coordinación con autoridades especializadas en caso de detectar alguna amenaza. También indicó que estos mecanismos operan de forma continua para prevenir riesgos y proteger la información de la ciudadanía.
Las áreas técnicas responsables de los sistemas informáticos y del padrón electoral confirmaron que, después de realizar las validaciones correspondientes, no se encontraron incidentes que respalden la versión de una filtración masiva de datos. Esto refuerza la postura del Instituto de que su infraestructura digital sigue funcionando con normalidad y sin compromisos de seguridad.
El INE destacó que su estrategia de protección está basada en estándares internacionales de ciberseguridad, los cuales contemplan supervisión constante, herramientas de ciberinteligencia y actualización permanente de sus sistemas ante nuevas amenazas digitales. Además, señaló que trabaja continuamente en fortalecer sus mecanismos de defensa tecnológica.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a actuar con responsabilidad al difundir información relacionada con la seguridad de datos, y reiteró su compromiso de proteger la información personal de la ciudadanía. También subrayó que la confianza pública se basa en procesos técnicos sólidos, medidas de seguridad robustas y una política de transparencia ante cualquier situación.
