La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) prevé destinar hasta 13 millones 543 mil pesos para cubrir posibles liquidaciones de su personal, en el marco del proceso de extinción del organismo autónomo, cuya desaparición fue mandatada mediante reforma constitucional.
De acuerdo con estimaciones internas, el cálculo contempla las indemnizaciones correspondientes a 46 trabajadores de base, algunos con una antigüedad de hasta 20 años de servicio. El monto proyectado fue elaborado con base en las condiciones laborales vigentes al cierre de 2025 y podría ajustarse conforme avance el proceso de transición institucional.
El comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, informó que se solicitó al Congreso del Estado la asignación de una partida presupuestal específica para cubrir estas obligaciones laborales; sin embargo, dicha previsión no fue contemplada en el presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal.
La definición sobre si el personal será liquidado o reubicado en el nuevo esquema institucional dependerá de las leyes secundarias que el Poder Legislativo deberá emitir en un plazo establecido tras la aprobación de la reforma. Estas disposiciones normativas serán determinantes para establecer el modelo que sustituirá a la CEGAIP y el destino administrativo de sus funciones.
Mientras se concreta la transición, el organismo continúa operando de manera ordinaria, resolviendo recursos de revisión, supervisando el cumplimiento de obligaciones de transparencia y administrando la Plataforma Estatal correspondiente. También mantiene la facultad de imponer sanciones a sujetos obligados que incumplan con la normatividad vigente en materia de acceso a la información.
El proceso de extinción contempla etapas administrativas como la entrega-recepción y la transferencia de atribuciones al ente que asumirá las responsabilidades en materia de transparencia. No obstante, el plazo constitucional establece como fecha límite el 30 de junio, lo que añade presión al calendario legislativo y financiero para garantizar una transición ordenada y respetuosa de los derechos laborales del personal.
