La Universidad Autónoma de San Luis Potosí designó como titular de la Comisión Institucional de Justicia Universitaria (CIJU) a Julián Ruiz Contreras, en una decisión que ha generado debate al interior del Consejo Directivo Universitario y entre sectores de la comunidad académica.
La elección se realizó en sesión formal del Consejo, donde el nombramiento no fue unánime y se registraron votos en contra y abstenciones, reflejando divisiones respecto al perfil del nuevo responsable del órgano encargado de analizar y dictaminar casos relacionados con faltas a la normativa universitaria, incluidos asuntos de violencia de género.
La CIJU había permanecido sin presidencia durante más de un año, situación que provocó retrasos significativos en la resolución de expedientes. Diversos sectores universitarios habían señalado la urgencia de reactivar formalmente la comisión ante el rezago acumulado y la necesidad de brindar certeza jurídica a estudiantes y trabajadores que presentaron quejas.
El aspecto que más controversia generó fue el parentesco del nuevo titular con el ex fiscal general del estado y ex secretario de Seguridad Pública, José Luis Ruiz Contreras. Durante la discusión, algunos consejeros manifestaron preocupación por la percepción pública que podría derivarse de este vínculo familiar, particularmente en un órgano cuya función central es garantizar imparcialidad y autonomía en la impartición de justicia interna.
También se recordó que Julián Ruiz Contreras participó como juez en el caso de Karla Pontigo, asunto que en su momento fue objeto de revisión por instancias federales tras cuestionamientos sobre la clasificación inicial de los hechos. Este antecedente fue citado por voces críticas que consideraron necesario valorar con mayor profundidad el impacto institucional del nombramiento.
Por su parte, la rectoría defendió la designación al señalar que el nuevo titular cuenta con trayectoria jurídica y experiencia suficiente para conducir los trabajos de la comisión, y sostuvo que los vínculos familiares no deben ser un criterio automático de descalificación.
La designación ocurre en un contexto de exigencias crecientes por parte de la comunidad universitaria para fortalecer los mecanismos internos de atención a denuncias, particularmente aquellas relacionadas con violencia y discriminación. El reto inmediato para la nueva presidencia de la CIJU será reducir el rezago de expedientes y recuperar la confianza en la eficacia y autonomía del órgano de justicia universitaria.
