La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) planteó la construcción de una nueva prisión en San Luis Potosí como parte de una estrategia para descongestionar el actual sistema penitenciario estatal, que enfrenta problemas de hacinamiento y administración de internos, informaron fuentes oficiales.
Durante reuniones de trabajo con autoridades estatales y federales, representantes de la SSPC expusieron la necesidad de diseñar un proyecto de infraestructura que permita incrementar la capacidad de alojamiento de personas privadas de libertad, mejorar las condiciones de detención y facilitar la implementación de programas de reinserción social.
Según el planteamiento, la propuesta se fundamenta en estudios técnicos que señalan que los penales existentes han superado su capacidad operativa, lo que impacta negativamente en la seguridad de internos y personal penitenciario. La iniciativa incluye la identificación de posibles terrenos, estimaciones de costos y la integración de criterios de diseño que consideren espacio adecuado, áreas de convivencia y servicios básicos que cumplan con normas nacionales.
La SSPC consideró que un nuevo centro penitenciario brindaría mayores herramientas para separar perfiles de internos, reducir tensiones internas y fortalecer el control institucional, además de contribuir a descongestionar los reclusorios actuales, donde diversos informes han documentado sobrepoblación de internos respecto a los espacios disponibles.
Autoridades federales puntualizaron que la construcción de nuevas instalaciones debe ir acompañada de una política integral de justicia y seguridad, que incluya acciones en materia de prevención del delito, optimización de mecanismos de reinserción y capacitación del personal encargado de la operación penitenciaria.
La propuesta recibida por el gobierno estatal será analizada en las próximas semanas por dependencias relacionadas con seguridad, infraestructura y presupuesto, con el objetivo de definir si se avanza en la formulación de un proyecto ejecutivo y la asignación de recursos.
Organismos civiles y expertos en temas de derechos humanos han señalado que cualquier iniciativa para expandir la infraestructura penitenciaria debe considerar garantías de respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, así como mecanismos de supervisión que eviten condiciones que puedan derivar en tortura, malos tratos o violaciones a estándares internacionales.
El avance de esta propuesta ocurre en un contexto en el que la evaluación de la estrategia de seguridad y justicia en San Luis Potosí ha generado debate sobre la necesidad de políticas que combinen acciones de control con mecanismos de prevención y atención integral para disminuir la incidencia delictiva y mejorar la rehabilitación de personas privadas de libertad.
