El Radar
Por Jesús Aguilar
En política, lo que importa no es solo lo que se anuncia.
Importa lo que ya no aparece.
La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un buen ejemplo de eso.
Durante años, el discurso de la llamada Cuarta Transformación habló de una reforma electoral profunda, incluso disruptiva. Se habló de desaparecer plurinominales, reducir drásticamente el financiamiento a los partidos e incluso cambiar la forma en que se integran los órganos electorales.
Pero el documento que finalmente llegó al Congreso hoy miércoles 4 de marzo, cuenta una historia distinta.
Más que una ruptura, lo que estamos viendo es una reforma moderada que revela una negociación política previa.
Y eso dice mucho sobre el momento que vive el sistema político mexicano.
La pregunta real no es si México necesita o no una reforma electoral.
Eso es casi consenso.
La pregunta de fondo es otra:
¿qué tipo de sistema político quiere consolidar el nuevo gobierno?
La iniciativa parte de un diagnóstico claro: el sistema electoral mexicano es costoso, burocrático y en muchos casos distante de la ciudadanía. Por eso la propuesta plantea cuatro grandes líneas de cambio.
Primero, fortalecer los mecanismos de democracia directa: consultas populares, plebiscitos, referéndums y revocación de mandato.
Segundo, modificar el sistema de diputaciones plurinominales. No desaparecen, pero se cambia la forma en que se asignan, privilegiando a candidatos que tuvieron buena votación en distritos aunque no hayan ganado.
Tercero, reforzar la fiscalización del dinero en la política, ampliando los controles sobre financiamiento ilícito, donaciones privadas y movimientos financieros de partidos y candidatos.
Y cuarto, introducir reglas nuevas frente a fenómenos contemporáneos como la propaganda manipulada con inteligencia artificial, obligando a etiquetar contenidos alterados en campañas electorales.
En el papel, el objetivo es claro:
hacer el sistema electoral más austero, más transparente y más cercano a la ciudadanía.
Pero la política rara vez se explica solo por los objetivos declarados.
Cuando se revisa con atención la iniciativa, aparecen los silencios.
Tres temas que dominaron el debate en los últimos años simplemente desaparecieron del texto.
El primero es el Instituto Nacional Electoral.
El proyecto no propone modificar su estructura ni su autonomía. Después de meses de confrontación institucional, el INE permanece prácticamente intacto.
El segundo es la desaparición de los plurinominales.
Durante años fue una bandera central del lopezobradorismo. Sin embargo, la reforma no los elimina. Los mantiene: 200 diputados de representación proporcional.
Lo único que cambia es el método de asignación.
Y el tercer silencio es el financiamiento público a partidos.
No desaparece ni se reduce drásticamente. Solo se ajusta la fórmula de cálculo.
¿Por qué estos tres temas desaparecieron?
La respuesta es política.
Porque una reforma constitucional no se construye solo con votos propios.
Se construye con alianzas legislativas.
Y ahí entran en escena los socios de Morena: el Partido del Trabajo y el Partido Verde.
Ambos partidos dependen estructuralmente de las plurinominales para sostener su presencia legislativa.
Eliminar ese mecanismo habría puesto en riesgo su propia supervivencia política.
También dependen, en buena medida, del financiamiento público.
En otras palabras: lo que desapareció de la reforma no fue casualidad.
Fue el resultado de una negociación.
Visto con distancia, lo que propone el gobierno no es una transformación radical del sistema electoral mexicano.
Es algo distinto.
Una reforma de ajuste.
Se corrigen algunos mecanismos, se introducen controles financieros más estrictos, se modernizan reglas frente a nuevas tecnologías y se abre más espacio a la democracia directa.
Pero el diseño institucional que México construyó durante las últimas tres décadas permanece esencialmente intacto.
En ese sentido, la iniciativa revela algo importante sobre el momento político del país.
Después de años de confrontación institucional, el nuevo gobierno parece apostar por una estrategia más gradual.
Cambiar lo necesario.
Pero sin romper el equilibrio del sistema.
La reforma electoral de Sheinbaum no es la revolución que muchos anticipaban.
Es otra cosa.
Es la señal de que, en política, incluso los proyectos de transformación terminan encontrándose con una realidad inevitable:
la de las negociaciones que sostienen el poder.
