El Radar
Por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
Hay historias que empiezan con una placa.
Y terminan con un cártel y pocas veces en la cárcel.
La historia criminal del mundo está llena de ellas.
Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, el hombre que organizó el narcotráfico
moderno en México, empezó como policía judicial en Sinaloa. Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”,
uno de los criminales más buscados del planeta, también pasó por una corporación policial antes de convertirse en jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En Colombia, varios jefes del cartel de Medellín surgieron de estructuras de seguridad o inteligencia que después terminaron infiltradas. En Italia, investigaciones antimafia han documentado durante décadas la infiltración de
policías y carabineros por parte de organizaciones criminales. En Estados Unidos, algunos de los casos más
célebres de corrupción policial,como el escándalo Rampart en Los Ángeles— revelaron algo inquietante:
cuando una corporación se pudre, puede generar criminales con uniforme.
La pregunta que surge es tan incómoda como inevitable:
¿en qué momento un agente de seguridad cruza la línea y se convierte en un agente de inseguridad?
México lleva décadas intentando responder esa pregunta.
Y, hasta ahora, no lo ha logrado.
EL CASO QUE VUELVE A ABRIR LA HERIDA
La judicialización de tres elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí por un operativo que terminó con dos civiles muertos volvió a colocar esa pregunta en el centro del debate público.
Los hechos siguen bajo investigación.
Un juez determinará responsabilidades.
Pero el caso no puede leerse sólo como un expediente judicial.
Porque cada vez que un operativo policial termina en una tragedia y las versiones oficiales no logran despejar todas las dudas, ocurre algo más profundo que un conflicto legal.
Se erosiona la confianza.
Y cuando la confianza en la policía se debilita, el Estado pierde una de sus bases más delicadas: la legitimidad para ejercer la fuerza.
Cuando el uniforme deja de ser garantía
Un delincuente común puede tener armas.
Puede tener dinero.
Puede tener violencia.
Pero un policía que decide cruzar la línea tiene algo más peligroso:
tiene entrenamiento,
tiene acceso a información,
tiene respaldo institucional
y tiene algo que ningún criminal posee por sí mismo:
la legitimidad que otorga el uniforme.
Por eso, cuando un policía se corrompe, el daño es mucho más profundo que un delito individual.
Es una fractura institucional.
Porque en ese momento aparece una figura inquietante:
el criminal que opera desde el Estado.
EL SISTEMA QUE PERMITE QUE OCURRA
El especialista internacional en crimen organizado Edgardo Buscaglia ha explicado que las mafias prosperan
cuando logran capturar partes del aparato estatal.
Cuando esa captura ocurre, el crimen deja de ser un fenómeno externo y se convierte en algo mucho más peligroso: una estructura incrustada dentro del propio sistema de gobierno.
En México, el investigador Ernesto López Portillo lleva años señalando que el país nunca ha logrado consolidar plenamente una policía civil profesional con controles sólidos.
“Seguimos teniendo corporaciones con mecanismos de supervisión débiles y con carreras policiales frágiles”, ha
advertido en diversos diagnósticos sobre seguridad pública.
Y el analista Eduardo Guerrero, especialista en violencia y crimen organizado, suele recordar una ecuación
brutalmente simple:
cuando existen instituciones débiles y organizaciones criminales fuertes, la infiltración no es una posibilidad.
Es casi una certeza.
EL TERRENO FÉRTIL DE LA CORRUPCIÓN
Durante décadas, las policías mexicanas han operado en condiciones estructuralmente vulnerables.
Salarios insuficientes.
Carreras profesionales inestables.
Escasa protección institucional.
Y sistemas de supervisión que muchas veces dependen de las mismas estructuras que deberían vigilar.
En ese contexto, el crimen organizado no necesita conquistar corporaciones completas.
Le basta con algo mucho más sencillo.
Abrir grietas.
Una lealtad comprada aquí.
Una omisión allá.
Un operativo filtrado.
Un mando cooptado.
Y poco a poco, la frontera entre autoridad y delincuencia comienza a desdibujarse.
Reformas que nunca llegan al fondo
México ha intentado reformar sus policías muchas veces.
Se han cambiado nombres de corporaciones.
Se han creado nuevas fuerzas.
Se han anunciado depuraciones.
Pero las reformas profundas casi siempre se quedan a medio camino.
Porque limpiar una corporación implica tocar intereses.
Implica revisar cadenas de mando.
Implica romper redes de complicidad política, económica y criminal.
Y eso tiene costos que muchos gobiernos prefieren evitar.
La línea más peligrosa
La enorme mayoría de los policías en México son hombres y mujeres que trabajan en condiciones difíciles y que
arriesgan la vida todos los días.
Esa realidad también existe.
Pero la historia del país demuestra algo que no puede ignorarse:
cuando las instituciones fallan, la distancia entre un protector y un depredador puede volverse
peligrosamente corta.
Por eso el caso que hoy se investiga en San Luis Potosí debería servir para algo más que para llenar un expediente.
Debería servir para hacer la pregunta que México lleva demasiado tiempo posponiendo:
¿qué tan sólida es realmente la línea que separa a un agente de seguridad de un agente de inseguridad?
Porque si esa línea sigue siendo tan delgada como parece…
entonces el problema no está solamente en algunos policías.
El problema está en el sistema que los forma,
que los supervisa,
o que simplemente los deja solos frente a un poder criminal que muchas veces resulta más fuerte que las
instituciones que deberían respaldarlos.
Y cuando eso ocurre, la tragedia no es sólo policial.
Es nacional.
Porque en ese momento el ciudadano deja de saber a quién temerle más.
Si al criminal que opera fuera de la ley…
o al que puede esconderse detrás de una placa.
