Ciudad de México.– El Gobierno federal abrió un debate sobre la posibilidad de limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales, en medio de preocupaciones internacionales sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental y emocional de los menores.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que actualmente se realizan consultas con padres de familia, maestros, especialistas y empresas tecnológicas para analizar posibles medidas de regulación que podrían presentarse formalmente en junio.
El funcionario señaló que el Estado tiene responsabilidad en la formación y protección de los menores, por lo que consideró necesario analizar la posibilidad de establecer límites en el uso de plataformas digitales, especialmente cuando se trata de contenidos que pueden afectar su desarrollo emocional.
Delgado afirmó que muchas redes sociales se han convertido en espacios con escasos controles, donde circulan contenidos violentos o pornográficos y donde también se registran fenómenos como el ciberacoso, situación que ha generado preocupación entre autoridades educativas y especialistas.
El debate en México se produce en un contexto internacional donde varios países analizan o ya han aprobado restricciones similares. Australia prohibió en diciembre el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mientras que Francia aprobó una ley para limitar el uso a menores de 15, aunque aún debe ser ratificada por su Senado.
Asimismo, naciones como España, Dinamarca e Indonesia también estudian establecer regulaciones que obliguen a las plataformas digitales a verificar la edad de los usuarios y restringir el acceso de menores.
Por su parte, empresas tecnológicas han defendido que ya cuentan con mecanismos de seguridad y control parental. Por ejemplo, TikTok sostiene que no permite cuentas de menores de 13 años y que los perfiles de adolescentes incluyen configuraciones automáticas de privacidad, controles parentales y límites de tiempo de uso.
El posible establecimiento de restricciones en México abriría un debate más amplio sobre la regulación de las redes sociales, la protección de la infancia y la responsabilidad de las plataformas digitales frente al impacto de sus contenidos en la vida cotidiana de los menores