El Radar
Por Jesús Aguilar
En política hay una regla incómoda para todos: los discursos se discuten, pero los números se enfrentan.
Y hoy, en materia de seguridad pública, los números de San Luis Potosí empiezan a colocar un dato sobre la mesa que incomoda a muchos críticos del gobierno estatal: la violencia letal está bajando de manera significativa.
No es propaganda. Son cifras.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo y reportes oficiales presentados en el gabinete de seguridad federal, San Luis Potosí cerró 2025 con una reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos respecto al año anterior. Más aún: en el arranque de 2026, el estado aparece entre las entidades con mayor caída en este indicador, con registros de violencia letal extraordinariamente bajos en el primer bimestre.
Hace unos días, en la conferencia mañanera, la propia presidenta Claudia Sheinbaum mencionó a San Luis Potosí como uno de los casos donde la tendencia de reducción de homicidios ha sido más notable dentro del país.
No es un dato menor.
El homicidio doloso es el indicador más duro en seguridad pública porque refleja la violencia criminal extrema. Cuando baja de forma consistente, algo estructural está ocurriendo.
Y aquí aparece el primer punto relevante.
El modelo de seguridad del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha apostado por una estrategia bastante clara: presencia territorial intensiva.
El despliegue de la Guardia Civil Estatal se ha multiplicado en zonas urbanas y carreteras, se han reforzado los filtros de vigilancia en accesos estratégicos del estado y se ha construido un esquema de patrullaje permanente en coordinación con la Guardia Nacional.
La lógica es simple: más territorio vigilado, menos espacio para que opere el crimen organizado.
A eso se suma la expansión de tecnología de videovigilancia, nuevos módulos de revisión en puntos de entrada al estado, más patrullas y un incremento sostenido en el número de elementos de la corporación estatal.
No es una estrategia sofisticada en el sentido teórico.
Pero sí es una estrategia consistente.
Y los números —hasta ahora— parecen darle la razón.
Esto no significa, por supuesto, que el problema de la inseguridad esté resuelto.
San Luis Potosí sigue enfrentando retos serios en delitos que afectan directamente la vida cotidiana: extorsión, robo, violencia familiar y narcomenudeo. Además, la percepción de inseguridad en la población continúa siendo alta, como ocurre prácticamente en todo el país.
En otras palabras: la violencia letal baja, pero el miedo social todavía no desaparece.
Por eso el verdadero desafío para el gobierno estatal no es celebrar las cifras actuales, sino sostenerlas en el tiempo.
La historia reciente de México está llena de estados que lograron reducciones momentáneas en ciertos delitos para después volver a caer en ciclos de violencia.
El verdadero examen para cualquier estrategia de seguridad es la consistencia.
Si la tendencia se mantiene durante varios años, entonces sí podremos hablar de una política pública consolidada.
Mientras tanto, hay algo que ya es políticamente evidente.
Durante buena parte de su gobierno, Ricardo Gallardo ha sido uno de los actores políticos más criticados —y a veces más descalificados— dentro del debate público potosino.
Pero cuando los indicadores duros comienzan a moverse a favor, el debate cambia inevitablemente de terreno.
Porque en seguridad pública hay una verdad incómoda para cualquier oposición:
criticar es fácil; explicar los datos es más difícil.
Hoy al menos en el indicador más contundente en est ámbito de seguridad hay un tremendo dato, se ha logrado contener positivamente un gravísimo problema que en los tiempos post Mencho, es aún más significativo.
Nadie dice que estemos “salvados” pero si hay un hecho incontrovertible, San Luis se ha librado con hechos contundentes de la “quemazón” que se ha vivido en la mayoría de nuestros 10 estados y eso tiene un porqué.
