La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma política que, en los hechos, le permitiría volver a hacer campaña en 2027, al modificar las reglas actuales de la revocación de mandato y la participación de funcionarios en procesos electorales.
La iniciativa plantea eliminar la restricción que hoy impide a servidores públicos intervenir en campañas, lo que abriría la puerta para que la propia mandataria promueva el voto a favor de su permanencia en el cargo durante el ejercicio de revocación.
Además, el proyecto propone adelantar la consulta de revocación para que coincida con las elecciones intermedias de 2027, lo que no solo reduciría costos operativos, sino que también colocaría a la presidenta en el centro del debate político y electoral en ese proceso.
La reforma forma parte del llamado “plan B” del Gobierno federal en materia electoral, luego de que una propuesta más amplia enfrentara resistencias políticas. En esta nueva versión, se mantienen medidas de austeridad como la reducción de regidores, síndicos y el ajuste de salarios de funcionarios electorales.
El bloque oficialista —integrado por Morena, PT y PVEM— ha respaldado la iniciativa, aunque su aprobación requerirá mayoría constitucional y el aval de al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor antes del proceso electoral de 2027.
En el fondo, la reforma abre un debate de alto calibre político: si la figura de la revocación de mandato se mantiene como un mecanismo de control ciudadano o se transforma en una herramienta de reafirmación política desde el poder.
