En el marco de la 27ª sesión del Grupo Fundadores, el General de División retirado Guzmán Ángel González Castillo expuso un diagnóstico crítico sobre la situación de la seguridad en México, señalando deficiencias estructurales en la capacitación policial, la coordinación institucional y el manejo de información.
Durante su intervención, el también Doctor Honoris Causa explicó que la seguridad nacional debe entenderse como el conjunto de acciones destinadas a preservar la integridad, estabilidad y soberanía del Estado mexicano frente a amenazas internas y externas. No obstante, consideró que, pese a su experiencia de más de 45 años en el Ejército Mexicano, el país mantiene una política de seguridad que aún privilegia un enfoque pacífico, aunque con resultados limitados en el contexto actual.
González Castillo subrayó que, conforme al Artículo 21 constitucional, la seguridad pública es responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad, derechos y tranquilidad de la ciudadanía. Sin embargo, advirtió que no existe una preparación, capacitación ni certificación adecuada en las corporaciones policiacas, lo que debilita la eficacia del sistema.
En ese sentido, destacó que la Guardia Nacional cumple funciones de seguridad pública con carácter civil, aunque persisten fallas en la coordinación entre autoridades. Asimismo, señaló que el intercambio de información a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta graves deficiencias, al no compartirse datos de manera completa ni confiable.
El especialista también alertó sobre la falta de homologación en la carrera policial, señalando la necesidad de establecer procesos uniformes de selección, formación y ascensos, de modo que un elemento municipal cuente con estándares similares a los de un federal.
Durante el encuentro, integrantes del Grupo Fundadores coincidieron en que la seguridad en el país enfrenta una crisis marcada por la desconfianza ciudadana, la impunidad y la simulación en la aplicación de sanciones. También denunciaron prácticas como retenes utilizados para extorsión y la infiltración de intereses económicos en el reclutamiento policial.
Respecto al contexto local, González Castillo recordó que San Luis Potosí fue durante años un punto de descanso para líderes del crimen organizado; sin embargo, indicó que con el tiempo algunos grupos se han asentado en la entidad, aunque sin alcanzar los niveles de violencia observados en otras regiones del país.
El exfuncionario reconoció fallas en el debido proceso legal de los detenidos, particularmente en la puesta a disposición oportuna ante las autoridades, lo que facilita su liberación y fomenta la impunidad. A pesar de ello, destacó que durante su gestión se logró la vinculación a proceso en el 100 por ciento de los delitos federales y el 95 por ciento del fuero común.
En su análisis, planteó la necesidad de implementar un mando único para evitar la dispersión de recursos y combatir prácticas de corrupción, además de fortalecer los controles de confianza y mejorar la operación de las academias policiales.
Finalmente, el General enfatizó que la seguridad es un factor clave para atraer inversiones y garantizar el desarrollo del país, por lo que llamó a las autoridades a asumir con responsabilidad este reto. Asimismo, advirtió sobre problemáticas como el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México y la influencia de factores políticos en la designación de cargos públicos, lo que —dijo— debilita la consolidación democrática.
El encuentro concluyó con un llamado a reconstruir la confianza ciudadana mediante instituciones sólidas, profesionalizadas y libres de corrupción.
