Autoridades federales advirtieron que existe un adeudo cercano a los 12 mil millones de pesos por parte de diversas empresas debido a irregularidades en el uso de concesiones de agua, situación que podría derivar en sanciones, multas e incluso la cancelación de permisos.
El titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que se han detectado múltiples anomalías en compañías, principalmente refresqueras y embotelladoras, relacionadas con pagos incompletos, falta de medidores y descargas sin autorización.
En uno de los casos analizados, se identificó un adeudo de 234 millones de pesos, mientras que otras empresas presentan incumplimientos similares que ya están siendo revisados por la dependencia. Incluso, una de estas compañías ya se acercó a las autoridades para regularizar su situación tras detectarse inconsistencias en sus títulos de concesión.
De acuerdo con los reportes, algunas empresas cuentan con varios permisos, pero presentan diferencias importantes en el volumen de agua autorizado y el realmente utilizado, además de registros incompletos en medición y pagos pendientes.
Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a las compañías para que regularicen su situación, ya que las nuevas disposiciones contemplan sanciones económicas de hasta 3.5 millones de pesos, así como posibles penas de prisión de hasta cinco años en casos graves.
Estas acciones forman parte de los cambios impulsados por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó una nueva Ley de Aguas con el objetivo de frenar prácticas como el acaparamiento, la especulación y el uso indebido del recurso.
Según explicó la mandataria, en el pasado se permitió la transferencia de concesiones entre particulares, lo que generó un esquema irregular que impedía que personas con necesidad real pudieran acceder al agua.
También se señalaron casos específicos relacionados con figuras políticas, como el exgobernador de Querétaro, José Calzada, y el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Mario Calzada, quienes presuntamente hicieron un uso indebido de concesiones.
El nuevo enfoque busca eliminar estas prácticas y establecer un sistema que priorice el acceso equitativo al agua, evitando que concesiones destinadas originalmente a actividades agrícolas sean utilizadas para fines industriales o inmobiliarios con fines de lucro.
Como parte de la implementación de estas medidas, se han realizado más de 7 mil inspecciones en todo el país, de las cuales más de mil han derivado en clausuras por uso ilegal del recurso.
Además, las autoridades destacaron que la recaudación aumentó en 2025 en alrededor de 3 mil millones de pesos, y se espera que en 2026 se incrementen otros 6 mil 300 millones como resultado de estas acciones de control y vigilancia.
Con estas medidas, el gobierno federal busca terminar con un modelo que permitió irregularidades durante años y avanzar hacia un esquema que garantice el acceso al agua como un derecho para toda la población.
