El Senado de la República aprobó el denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque con modificaciones clave tras el freno del Partido del Trabajo (PT) a uno de los puntos centrales: adelantar la revocación de mandato a 2027.
La iniciativa fue avalada con mayoría calificada —alrededor de 87 votos a favor y poco más de 40 en contra—, lo que permitió avanzar en diversos cambios constitucionales en materia político-electoral.
Sin embargo, el proyecto original sufrió un ajuste sustancial luego de que el PT, aliado del oficialismo, se opusiera a modificar el artículo 35 de la Constitución, eliminando la posibilidad de que la consulta de revocación coincidiera con las elecciones intermedias de 2027.
Con esta decisión, la revocación de mandato se mantiene en los términos actuales, es decir, no se realizará junto con los comicios federales, lo que representa un revés político para la propuesta inicial del Ejecutivo.
A pesar de este cambio, el Senado sí aprobó otros componentes del Plan B enfocados en la austeridad del sistema político, entre ellos la reducción del número de regidores en municipios, límites al gasto de los congresos estatales y topes salariales para funcionarios electorales.
El debate evidenció tensiones dentro del bloque oficialista, ya que el PT rompió filas en un tema estratégico, lo que obligó a Morena a modificar la iniciativa para garantizar su aprobación.
Por su parte, la oposición celebró la eliminación del cambio en la revocación de mandato, al considerar que empatarla con las elecciones habría otorgado una ventaja política indebida al partido en el poder.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo, en un contexto donde la reforma electoral avanza, pero fragmentada, reflejando los equilibrios y disputas internas dentro de la coalición gobernante.
