Por Jesús Aguilar
El problema aparentemente no es tan complejo. Y es como la muerte, inevitable, sin embargo el enfoque de hoy es profundamente complicado.
Pero el matíz que ha tomado últimamente lo hace profundamente delicado.
México necesita recaudar. Ningún Estado funciona sin impuestos. De hecho, según datos de la OCDE, el país sigue estando por debajo del promedio en recaudación como porcentaje del PIB: alrededor de 16-17%, frente a más del 30% en economías desarrolladas.
Es decir, el margen para cobrar mejor —y más— existe.
El punto no es ese.
El punto es cómo.
En los últimos años, el Servicio de Administración Tributaria ha endurecido su estrategia de fiscalización. Las auditorías han aumentado, los criterios se han vuelto más estrictos y la presión recaudatoria ha crecido de forma notable.
Solo en 2023 y 2024, el SAT reportó cifras históricas de ingresos derivados de fiscalización, superando los 2 billones de pesos acumulados por eficiencia recaudatoria.
En el papel, suena bien.
En la práctica, no necesariamente.
Porque lo que empieza a preocupar —y no poco— es la interpretación cambiante de las reglas. Empresas que invirtieron bajo ciertos criterios fiscales hoy enfrentan revisiones donde la autoridad aplica nuevas lecturas a operaciones pasadas.
Eso, en términos jurídicos y económicos, se percibe como retroactividad de facto.
Y ahí se encienden las alarmas.
No es un tema menor. Es un principio básico del derecho: la certeza jurídica.
Sin ella, no hay planeación.
Sin planeación, no hay inversión.
Por eso no sorprende que organismos como la American Chamber of Commerce of Mexicohayan advertido sobre un ambiente fiscal más agresivo e incierto. En sus reportes recientes, empresas afiliadas han señalado preocupaciones por auditorías extensivas, criterios discrecionales y procesos largos que terminan en litigios.
Y esto no ocurre en el vacío.
Se suma a un entorno ya presionado por factores estructurales:
inseguridad en corredores industriales, costos energéticos crecientes, saturación logística y una burocracia que sigue siendo pesada.
El resultado es acumulativo.
Y entonces el problema deja de ser fiscal.
Se vuelve sistémico.
Más aún: el tema ya ha comenzado a escalar a niveles internacionales. Bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, algunas empresas han explorado mecanismos de controversia cuando consideran que el trato fiscal vulnera condiciones de inversión pactadas.
Cuando eso ocurre, el mensaje deja de ser técnico.
Se vuelve estratégico.
Porque el inversionista global no evalúa solo tasas impositivas. Evalúa riesgos.
Y uno de los principales es la imprevisibilidad regulatoria.
Hoy México tiene una ventaja histórica con el nearshoring. Según estimaciones de organismos financieros internacionales, el país podría captar decenas de miles de millones de dólares en relocalización industrial en los próximos años.
Pero ese flujo no está garantizado.
Compite.
Y compite contra países que ofrecen algo clave: estabilidad en las reglas del juego.
La lógica de la inversión es brutalmente simple:
si hay certeza, llega el capital;
si hay duda, se frena;
si hay desconfianza, se va.
Así de claro.
El SAT tiene razón en combatir la evasión.
El problema es cuando, en ese esfuerzo, se diluye la frontera entre fiscalizar y presionar.
Porque entonces el efecto recaudatorio puede ser inmediato…
pero el costo en confianza es de largo plazo.
Y ahí es donde entra el otro ángulo —el más incómodo—.
Un modelo de gasto público que crece de forma acelerada, particularmente en programas sociales, requiere ingresos cada vez mayores. Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto social ha alcanzado niveles históricos en el presupuesto federal.
El dilema es evidente:
si el Estado necesita más recursos, pero los obtiene presionando a la misma base cautiva de contribuyentes, el incentivo para invertir empieza a erosionarse.
Cobrar más a los mismos… tiene un límite.
Y cuando ese límite se cruza, el capital no protesta.
Se mueve.
El sector privado no está pidiendo privilegios.
Está pidiendo algo mucho más elemental: reglas claras, consistentes y previsibles.
Porque México no pierde inversión por cobrar impuestos.
La pierde cuando introduce duda sobre cómo —y sobre todo cuándo— decide cobrarlos.
Y en economía, como en política, la confianza no se decreta.
Se construye… o se pierde.
