El gobierno de México rechazó de manera tajante el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, al calificarlo como “tendencioso” y “sesgado”, lo que profundiza la confrontación entre organismos internacionales, organizaciones civiles y la administración federal en torno a la crisis de personas desaparecidas en el país.
De acuerdo con la postura oficial difundida por autoridades federales, el informe del organismo internacional carece de sustento metodológico y presenta una narrativa que no refleja los esfuerzos institucionales emprendidos en los últimos años para combatir este delito. El gobierno mexicano sostuvo que la desaparición de personas no constituye una política de Estado, sino un fenómeno vinculado principalmente a la delincuencia organizada, y defendió que existe una estrategia basada en la prevención, búsqueda e investigación.
En contraste, el informe del Comité —respaldado por organizaciones como IDHEAS— advierte sobre fallas estructurales en el sistema de búsqueda, investigación y protección de víctimas, así como sobre posibles patrones de desaparición forzada que podrían involucrar, directa o indirectamente, a agentes del Estado. Entre los principales señalamientos se encuentran la falta de acceso a la justicia para las familias, la persistencia de la impunidad y los riesgos que enfrentan colectivos de búsqueda en el país.
Uno de los puntos más delicados del informe es que México concentra el mayor número de acciones urgentes activadas ante el Comité a nivel mundial, lo que evidencia la magnitud del fenómeno. Además, el organismo ha planteado la posibilidad de que las desapariciones en el país presenten características sistemáticas o generalizadas, lo que incluso derivó en la activación de mecanismos internacionales de revisión sin precedentes.
La respuesta del gobierno se da en un contexto particularmente sensible, marcado por la reciente polémica en torno a la reinterpretación de las cifras oficiales de personas desaparecidas. Mientras la administración federal ha intentado depurar el registro nacional y reducir el universo de casos mediante criterios administrativos, colectivos de víctimas han denunciado que estas acciones buscan minimizar la crisis y diluir la responsabilidad del Estado.
El choque de narrativas es profundo: por un lado, el gobierno insiste en que existe apertura al escrutinio internacional y avances institucionales; por el otro, organismos internacionales y asociaciones civiles advierten que persisten graves omisiones, falta de resultados y una crisis humanitaria que no ha sido plenamente reconocida.
Este desencuentro no es nuevo, pero sí se ha intensificado en los últimos meses. Desde 2025, México ha rechazado de manera reiterada los señalamientos del Comité de la ONU, especialmente aquellos que sugieren la existencia de desapariciones forzadas con posible participación estatal.
En el fondo, la disputa no es únicamente técnica o metodológica, sino política y narrativa: se debate si México enfrenta una crisis de desapariciones vinculada exclusivamente al crimen organizado o si existe, como advierte la ONU, un problema más profundo que involucra fallas estructurales del Estado.
Mientras tanto, la realidad sigue marcada por cifras que superan las 130 mil personas desaparecidas en el país y por miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos, muchas veces ante la ausencia o insuficiencia de respuestas institucionales.
