Después de más de una década de litigio y resistencia de comunidades indígenas, un juez federal ordenó la cancelación de 44 concesiones mineras dentro de la ruta sagrada de Wirikuta, en San Luis Potosí, marcando un precedente en la defensa del territorio del pueblo wixárika.
La resolución, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, deriva del juicio de amparo 819/2011, promovido por comunidades wixáritari que denunciaron la imposición de proyectos extractivos sin haber sido consultadas previamente. El fallo ordena dejar sin efecto los títulos otorgados, al considerar que violaron el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en estándares internacionales.
Las concesiones anuladas fueron otorgadas entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que se intensificó la entrega de permisos para la exploración y explotación de minerales en esta región.
El juez también determinó que cualquier nuevo intento de otorgar concesiones mineras en territorio wixárika deberá someterse obligatoriamente a procesos de consulta que respeten las formas culturales, tradiciones y estructuras comunitarias de este pueblo indígena.
Wirikuta no es un territorio cualquiera. Se trata de uno de los sitios más sagrados para el pueblo wixárika, donde —según su cosmovisión— se originó el mundo y donde se realizan peregrinaciones rituales fundamentales. Además, es un área natural protegida con alta biodiversidad y especies en riesgo.
El fallo judicial reconoce explícitamente el derecho de las comunidades a proteger su territorio, su cultura y sus recursos naturales frente a proyectos que puedan afectarlos, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.
Sin embargo, especialistas advierten que la resolución, aunque histórica, no resuelve por completo el problema. Datos recientes indican que aún existen decenas de concesiones vigentes en municipios del altiplano potosino, como Catorce, Charcas y Matehuala, lo que mantiene latente la presión minera sobre la región.
El caso de Wirikuta ha sido durante años uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del país, al enfrentar dos visiones opuestas: por un lado, la explotación de recursos minerales como motor económico; por otro, la defensa de un territorio considerado sagrado y vital para la identidad cultural indígena.
La cancelación de estas concesiones representa una victoria para el pueblo wixárika, pero también abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo de desarrollo, el respeto a los derechos indígenas y los límites de la actividad extractiva en México.
