Ciudad de México.— El regreso del fracking en México ha reactivado el debate entre la necesidad de fortalecer la soberanía energética del país y los riesgos ambientales asociados a esta técnica de extracción de gas, en un giro relevante de la política energética del actual gobierno federal.
De acuerdo con la estrategia presentada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el objetivo es reducir la alta dependencia de gas natural importado desde Estados Unidos, que actualmente representa alrededor del 75 por ciento del consumo nacional.
El plan contempla iniciar la explotación de yacimientos no convencionales a partir de 2027, como parte de una política orientada a incrementar la producción interna de gas y garantizar el suministro energético en el país.
Sin embargo, esta decisión marca un cambio significativo respecto a la postura del gobierno anterior, que había mantenido un veto al fracking debido a sus impactos ambientales y sociales, así como a las críticas de organizaciones civiles y especialistas.
El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica que permite extraer hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas profundas mediante la inyección de grandes volúmenes de agua, arena y químicos, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones a mantos acuíferos, consumo intensivo de agua y riesgos de contaminación.
Diversos expertos y organizaciones ambientalistas han advertido que el desarrollo de esta técnica podría tener consecuencias significativas, especialmente en regiones con estrés hídrico, donde la disponibilidad de agua ya es limitada.
Por su parte, el gobierno federal ha sostenido que el uso del fracking podría realizarse bajo esquemas más “sustentables”, mediante el uso de agua no potable o reciclada y la reducción de químicos contaminantes, aunque estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo por parte de especialistas.
El debate también se traslada al terreno político, donde el impulso al fracking confronta al gobierno con sectores de su propia base, así como con organizaciones ambientalistas que consideran esta medida como un retroceso en la agenda climática del país.
En este contexto, el retorno del fracking coloca a México ante una disyuntiva estructural: avanzar hacia la autosuficiencia energética en el corto plazo o priorizar la transición hacia energías limpias y sostenibles, en medio de crecientes presiones económicas, ambientales y sociales.
