En San Luis Potosí, menos de la mitad de los más de 150 centros de rehabilitación contra adicciones cumplen con la normativa sanitaria vigente, de acuerdo con datos presentados ante el Congreso del Estado, lo que ha generado preocupación por las condiciones en las que operan.
Autoridades señalaron que varios de estos espacios no garantizan procesos de atención adecuados ni condiciones dignas para las personas internadas, lo que ha derivado en señalamientos sobre posibles vulneraciones a sus derechos.
El costo semanal en estos centros oscila entre 900 y 3 mil pesos, dependiendo de los servicios ofrecidos. Mientras algunos incluyen alimentación, medicamentos e insumos básicos, en otros casos estos gastos deben ser cubiertos por las familias.
Además, se estima que únicamente entre uno y dos de cada diez internos concluyen con éxito su proceso de rehabilitación, lo que evidencia los retos en la atención de las adicciones.
Actualmente, el único centro público especializado en la entidad es el Instituto Temazcalli, por lo que la mayoría de los servicios recaen en espacios privados.
Ante este panorama, el Congreso del Estado analiza posibles reformas para regular el funcionamiento de estos centros, incluyendo propuestas relacionadas con el ingreso de personas sin su consentimiento en determinados casos.
Como parte del proceso, legisladores sostuvieron reuniones con representantes de centros de rehabilitación, quienes expusieron problemáticas como la falta de reconocimiento de adicciones no químicas y la necesidad de fortalecer la reinserción social.
Derivado de estos trabajos, se instaló una mesa permanente que sesionará hasta el 9 de mayo, con el objetivo de construir iniciativas que mejoren la prevención, atención y recuperación de personas con problemas de adicción en San Luis Potosí.
