LA VERDAD Y EL CAMINO
Por: Aquiles Galan
Sinaloa no se rompió de golpe. Se fue resquebrajando a pedazos, hasta que el ruido dejó de ser una alarma y se volvió paisaje. En julio de 2024, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos encendió las alertas sobre una posible fractura dentro del Cártel de Sinaloa. Medios de información advirtieron entonces que esa detención podía detonar una nueva ola de violencia en el estado, y lo que vino después confirmó que la advertencia no era menor.
El 9 de septiembre de 2024 la fractura se convirtió en guerra abierta. Reuters documentó balaceras, cierres de escuelas, cancelación de celebraciones patrias y una Culiacán prácticamente paralizada por los enfrentamientos entre facciones del cártel. Para los sinaloenses, la violencia dejó de ser una nota de periódico y pasó a ser parte de la vida diaria: salir, trabajar, llevar a los hijos a la escuela, todo empezó a hacerse bajo la lógica del miedo.
En los días siguientes, el saldo siguió creciendo. Medios de comunicación reportaron 19 homicidios en cinco días y, para finales de septiembre de 2024, más de 100 personas muertas o desaparecidas en medio del conflicto interno. Ese dato importa no solo por la cifra, sino por lo que revela: cuando la violencia se mantiene por semanas, ya no estamos ante una crisis aislada, sino ante un desorden estructural que descompone la autoridad, la economía y la confianza pública.
Después vino el desgaste social. En enero de 2025, se registró marchas por la paz en Culiacán y testimonios de ciudadanos que pedían ayuda ante una violencia que sentían fuera de control. Ahí cambió el tono del problema. Ya no era solo una disputa entre criminales. Era también una denuncia contra la impotencia del Estado para proteger a su gente. Cuando una sociedad sale a exigir paz, está diciendo algo muy simple: ya no le cree a la normalidad oficial.
Y la crisis no se apagó. En julio de 2025, se informó que la violencia seguía viva un año después de la captura de Zambada, con alrededor de 1,500 desapariciones reportadas desde septiembre de 2024. Esa persistencia es quizá lo más grave: demuestra que la llamada “decapitación” de liderazgos criminales no resolvió el fondo del problema; solo reacomodó la guerra y dejó a la población atrapada en medio.
En ese contexto aparece el golpe más delicado: la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense lo señaló, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa para facilitar tráfico de drogas y armas a cambio de apoyo político y sobornos. Rocha negó todo, y Claudia Sheinbaum pidió pruebas claras antes de aceptar cualquier acusación.
Ahí está el centro del escándalo. No solo en lo que se acusa. También en lo que se sospecha desde hace años y en lo que la violencia terminó por exhibir. Porque cuando un estado vive durante meses entre balaceras, desapariciones, miedo y marchas de hartazgo, cualquier señalamiento de colusión entre poder y crimen pega donde más duele: en la legitimidad. Y la legitimidad no se pierde de un día para otro. Se desgasta cuando la gente empieza a sentir que el gobierno explica menos de lo que debería y protege menos de lo que promete.
Por eso Sinaloa hoy no es solo un caso de seguridad. Es una radiografía incómoda del país. Un estado que lleva tiempo bajo fuego. Una sociedad cansada. Y un poder público que ahora enfrenta una pregunta que no se resuelve con discursos: ¿quién estaba realmente al mando mientras todo esto ocurría?
No se trata solo de un gobernador bajo sospecha. Se trata de un sistema que, por demasiados años, dejó crecer la duda junto con la violencia. Bonito día…
