El Radar
Por Jesús Aguilar
En los escritorios de la Fiscalía no solo se acumulan carpetas. Se acumulan años.
Años de expedientes abiertos, familias esperando, víctimas que regresan una y otra vez a preguntar lo mismo, ministerios públicos saturados, policías investigadores bajo sospecha, peritos insuficientes, tecnología incompleta y una palabra que se volvió cómoda en el discurso público: autonomía.
Pero la autonomía, cuando no produce resultados, se parece demasiado al abandono.
El último retrato lo puso México Evalúa: la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cuenta apenas con seis de las 14 herramientas tecnológicas evaluadas para investigación criminal.
No tiene, según el diagnóstico retomado por Astrolabio, sistemas propios de identificación facial, extracción de datos de celulares bloqueados, rastreo de direcciones IP, análisis masivo de datos ni toma de denuncias en el lugar de los hechos.
Tampoco respondió sobre seguimiento de patrullas ministeriales ni monitoreo de cámaras corporales.
Ese dato no es técnico. Es político, humano y absolutamente devastador.
Porque una Fiscalía sin capacidad digital investiga delitos del siglo XXI con reflejos del siglo XX. Fraudes en línea, extorsiones telefónicas, acoso digital, redes criminales, desapariciones, homicidios, corrupción policial: todo exige trazabilidad, inteligencia, cruces de información, análisis forense, control interno.
Si eso no existe, la investigación depende del oficio, del olfato, del papel… o de la suerte.
San Luis Potosí no llegó aquí de repente.
La Fiscalía nació formalmente de la reforma de 2017, cuando la vieja Procuraduría cambió de nombre para convertirse en órgano con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, técnica y de gestión. El fiscal duraría siete años; el gobernador propondría ternas; el Congreso elegiría. En el papel, el modelo prometía separar la procuración de justicia del vaivén político.
Pero una institución no cambia por decreto.
El primer fiscal, Federico Garza Herrera, fue electo por unanimidad en octubre de 2017 para el periodo 2017-2024, después de haber sido procurador. La transición, desde su origen, cargó una paradoja: se inauguraba una Fiscalía autónoma con parte de la lógica, los cuadros y la cultura de la Procuraduría que debía superar.
Luego vino el desgaste.
Garza no concluyó el periodo. Entre una mezquindad implícita y absoluta falta de resultados, recargó en su apodo de Fiscal Carnal, (por su evidente cercania con quien lo puso en el puesto, Juan Manuel Carreras), una estela de ineficacia total. Después Federico se refugió en la U.A.S.L.P. y desde ahí ha contado otra vergonzosa historia. Le sucedió José Luis Ruiz Contreras tampoco. Su renuncia, presentada en mayo de 2024, confirmó que la supuesta estabilidad institucional de siete años terminó siendo una puerta giratoria de mandos, acomodos y recomposiciones.
El problema no es solo quién ocupa la silla. Es qué tan real es la institución debajo de la silla.
Astrolabio documentó, con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 del INEGI, que la FGE ocultó datos sobre personal ministerial, pericial y policial; es decir, datos esenciales para saber con qué fuerza real investiga. También reportó 58 mil 740 carpetas abiertas en 2024 y apenas tres casos con ejercicio de acción penal dentro de una tabla de 24 mil 895 carpetas con determinaciones. Además, la Fiscalía ejerció más de mil 41 millones de pesos ese año.
Ahí está el corazón del problema: presupuesto sin confianza, autonomía sin explicación, estructura sin resultados proporcionales.
Y todavía hay una zona más oscura.
El caso de Rosalinda Ávalos dejó expuesta una grieta que ninguna Fiscalía seria puede tratar como anécdota. En 2020, la agente de investigación sufrió un ataque en el que murieron sus hijos Daniela y Carlos. Primero se habló de crimen organizado; después, el caso apuntó hacia policías de la propia corporación. Astrolabio reportó que el ataque reveló la capacidad de la delincuencia para infiltrarse y aprovechar estructuras policiales, y que la agente había advertido amenazas de sus propios compañeros.
El País retomó el caso en 2025 y señaló que Ávalos investigaba al llamado “Cartel de la Ministerial”, una presunta red de policías ministeriales vinculada con el crimen organizado. Esa formulación es clave: presunta. No se puede convertir el rumor en sentencia. Pero tampoco se puede ignorar cuando el señalamiento aparece en expedientes, denuncias públicas, testimonios y cobertura nacional.
Ese es el punto que la Fiscalía debe aclarar con hechos, no con boletines.
¿Hubo infiltración criminal en la Policía de Investigación?
¿Se depuró la corporación?
¿Se revisaron mandos, expedientes, patrullas, turnos, comunicaciones, vínculos patrimoniales?
¿Hay controles de confianza creíbles?
¿Hay cámaras corporales, GPS, bitácoras, auditorías internas?
¿O seguimos dependiendo de que una víctima grite lo que la institución no quiere revisar?
La falsa autonomía puede ser incluso sutíl, consiste en que nadie rinda cuentas de verdad. En que el Congreso comparezca sin dientes. En que los informes se vuelvan ceremonias.
En que la Fiscalía hable de resultados, pero no explique rezagos. En que la opacidad sea presentada como técnica jurídica cuando en realidad encubre debilidad operativa.
San Luis Potosí tiene una Fiscalía que no parece colapsada, pero sí detenida en una zona peligrosa: suficiente para administrar expedientes, insuficiente para producir justicia.
Y eso tiene consecuencias territoriales.
Cuando una carpeta no avanza, una víctima se cansa.
Cuando una víctima se cansa, el delito gana tiempo.
Cuando el delito gana tiempo, el criminal aprende.
Cuando el criminal aprende, la ciudad cambia de dueño por pedazos.
La Fiscalía potosina necesita mucho más que computadoras nuevas. Necesita una auditoría profunda de capacidades, mandos, tecnología, rezago, control interno, Policía de Investigación, servicios periciales, judicialización y atención a víctimas.
Necesita que su autonomía deje de ser escudo y se convierta en método.
Porque una Fiscalía autónoma no es la que se defiende del escrutinio. Es la que puede demostrar, con datos, que investiga mejor que antes.
Hoy el expediente está abierto.
Y no está en una carpeta de investigación.
Está en la confianza pública.
