El Radar por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
El dinero potosino llevaba décadas hablando en voz baja.
Tan baja, que muchas veces parecía confundirse con el murmullo natural del poder.
Un permiso aquí.
Una sociedad allá.
Un cambio de uso de suelo convertido en “visión de futuro”.
Una comida privada donde la ciudad comenzaba a redibujarse lejos de la ciudadanía.
Especulación, bluff de poker y esa sarnosa mezquindad con la que muchos se manejan, primero yo, después yo y en el último lugar tú.
Los varios Montesco peleando a muerte con los otros tantos Capuletos por tierra, dinero y sombras o en pocos casos reflector.
Así se construyó buena parte del San Luis moderno.
Por eso la detención de Alejandro Tamayo, socio de la empresa vinculada al proyecto Las Cañadas, no puede leerse únicamente como una nota policiaca sobre presuntos fraudes financieros en Querétaro. Lo que se está resquebrajando es algo más profundo: una vieja arquitectura de relaciones empresariales y políticas que durante años asumió que la Sierra de San Miguelito terminaría convertida, tarde o temprano, en reserva inmobiliaria de lujo.
Y conviene decirlo sin eufemismos.
Las Cañadas no era un desarrollo cualquiera.
Era probablemente el proyecto más simbólico de una visión de ciudad construida desde arriba: expansión residencial premium, plusvalía privada, urbanización de alta gama y apropiación gradual de territorio ambientalmente estratégico bajo el lenguaje elegante del “desarrollo”.
El problema es que la realidad terminó alcanzando a esa narrativa.
Porque mientras algunos despachos hablaban de crecimiento urbano, miles de potosinos comenzaron a vivir algo mucho más concreto: la crisis del agua.
Colonias enteras dependiendo de pipas.
Pozos sobreexplotados.
Tandeos.
Sequía.
Temperaturas récord.
Y una ciudad cada vez más consciente de que destruir zonas de recarga hídrica ya no era un debate ideológico sino un problema de supervivencia.
Ahí cambió todo.
La Sierra dejó de ser paisaje.
Es límite.
Y de pronto ocurrió algo que históricamente pocas veces había sucedido en San Luis Potosí: grupos empresariales acostumbrados a moldear el rumbo urbano comenzaron a perder la batalla pública.
No porque desapareciera su influencia. Sigue existiendo. Mucha.
No porque el poder económico se haya debilitado por completo. Tampoco.
Sino porque apareció enfrente un fenómeno que durante décadas fue marginal: ciudadanía organizada capaz de desgastar políticamente proyectos respaldados por apellidos poderosos.
Eso fue lo verdaderamente disruptivo.
La defensa de la Sierra de San Miguelito rompió una lógica histórica del poder local: la idea de que ciertas decisiones territoriales podían resolverse exclusivamente entre dinero y gobierno.
Y cuando el proyecto empezó a fracturarse jurídica, ambiental y socialmente, también comenzó a exhibirse otra cosa: la desconexión de una parte de las élites con el nuevo clima cultural del país.
Porque mientras el mundo discute agua, sostenibilidad y crisis ambiental, aquí todavía había quienes seguían viendo miles de hectáreas serranas como una oportunidad de negocio aspiracional.
Como si el siglo XXI no hubiera llegado.
Por eso la detención del empresario tiene una potencia simbólica tan delicada para ciertos grupos.
No por el expediente judicial en sí mismo.
Sino porque derriba la narrativa de invulnerabilidad.
Durante años, alrededor de proyectos como Las Cañadas se construyó una percepción casi monárquica del poder económico local: relaciones correctas, aliados correctos, estructuras correctas y capacidad suficiente para resistir cualquier tormenta política.
Pero las épocas cambian.
Y a veces el desgaste no entra por donde uno espera.
En el último episodio, el socio externo termina en la cárcel.
En México ocurre con frecuencia: personajes que sobreviven litigios políticos, escándalos mediáticos y confrontaciones públicas terminan cayendo por investigaciones financieras, conflictos societarios o presuntos fraudes derivados justamente de esa sensación de exceso de confianza que produce convivir demasiado tiempo cerca del poder.
La historia está llena de empresarios y políticos que comenzaron sintiéndose inevitables y terminaron descubriendo que el país ya había cambiado sin que ellos lo notaran.
Eso explica por qué esta historia genera tanto ruido en San Luis Potosí.
Porque detrás del caso no solamente aparece un empresario detenido. Aparece el agotamiento de un modelo entero de relación entre élites, territorio y ciudadanía.
Uno donde la ciudad se planeaba desde el privilegio.
Donde el cerro era visto como mercancía futura.
Y donde la naturaleza valía más urbanizada que protegida.
La Sierra de San Miguelito terminó convirtiéndose en algo que probablemente nunca imaginaron quienes apostaron por su urbanización: una frontera moral.
Una línea que buena parte de la sociedad decidió no dejar cruzar.
Y quizá ahí está lo más incómodo para ciertos grupos de poder.
No en la fotografía de una detención.
Sino en la comprobación de que, por primera vez en mucho tiempo, San Luis Potosí descubrió que también podía decirles que no.
