El Radar
Por Jesús Aguilar
Durante años se movieron como si fueran dueños del horizonte.
Cerros completos convertidos en negocio.
Ejidos transformados en plusvalía.
Comunidades enteras convencidas de vender futuro a cambio de promesas de urbanización inmediata.
Y durante años también, casi nadie los tocó.
Por eso la detención de Alejandro Tamayo hace una semana sacudió mucho más que un expediente judicial. Lo que realmente estremeció ciertos círculos de poder en San Luis Potosí fue otra cosa: por primera vez uno de los apellidos ligados al viejo músculo inmobiliario apareció sentado del lado incómodo de la mesa.
Ayer, mientras en MG Noticias conversábamos en vivo con el abogado ambientalista Carlos Covarrubias Rendón, ocurría además algo políticamente revelador: prácticamente al mismo tiempo, Semarnat y Sedatu difundían un comunicado conjunto deslindándose de cualquier intento de modificar la declaratoria del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito y reiterando públicamente su respaldo al polígono protegido y a los términos del decreto ambiental.
Y eso volvió todavía más delicada la entrevista y sacudió el momento.
Porque Covarrubias entendió perfectamente el tamaño simbólico del momento. Y decidió no suavizar absolutamente nada.
“Son negocios de saliva”, disparó primero.
Pero luego vino la frase que verdaderamente perforó la conversación pública:
“Así es como se han hecho ricos los ricos de San Luis”.
No fue una declaración ambientalista.
Fue una acusación de modelo.
Porque lo que Covarrubias puso sobre la mesa es la historia silenciosa del crecimiento potosino: tierra convertida en negocio privado mientras la ciudad iba perdiendo agua, equilibrio y territorio.
Y todavía fue más lejos.
Acusó directamente a ciertos desarrolladores de “engatusar, engañar y manipular la voluntad de comunidades y ejidos”.
La frase pega porque retrata una historia demasiado conocida en México: intermediarios, presión económica, expectativas infladas de riqueza inmediata y terrenos que terminan multiplicando su valor cuando cambian de manos.
Por eso el caso Tamayo tiene un impacto mucho más grande que el estrictamente penal. No se trata solamente de una carpeta judicial. Se trata de una figura emblemática de una época donde el concreto parecía tener más fuerza que cualquier consideración ambiental, social o incluso legal.
Y ahí apareció otro momento explosivo de la conversación.
Según Covarrubias, detrás de las tensiones recientes siguen existiendo sectores burocráticos y económicos intentando reinterpretar o flexibilizar aspectos relacionados con la Sierra de San Miguelito.
Por eso habló de “cabildeo”.
Por eso habló de presiones.
Y por eso soltó una frase particularmente venenosa hacia ciertos sectores internos del aparato gubernamental:
“Son los guindas de cartón”.
La reacción institucional fue inmediata.
Semarnat, Sedatu y Conanp salieron públicamente a negar cualquier procedimiento orientado a modificar el decreto de protección ambiental y reafirmaron el reconocimiento pleno del polígono protegido de la Sierra de San Miguelito.
Pero incluso ahí, Covarrubias mantuvo la presión política y mediática.
“Lo pusimos en evidencia y lo vamos a seguir profundizando”.
Y luego vino quizá la frase más devastadora de toda la entrevista, dicha además con la naturalidad brutal de quien lleva años viendo repetirse el mismo patrón:
“Se acabaron el agua en San Luis Potosí porque llenaron los cerros de concreto”.
Ahí está el verdadero expediente.
No solamente el judicial.
El histórico.
Porque mientras los barones del concreto hicieron fortunas, la ciudad empezó lentamente a hipotecar su futuro.
Y quizá por eso hoy la Sierra de San Miguelito ya no representa solamente una batalla ambiental.
Representa el punto donde una parte de San Luis empezó finalmente a preguntarse cuánto costó realmente el llamado “desarrollo”.
Y quizá el cierre más preciso para entender lo que está ocurriendo lo escribió hace años la urbanista y activista Jane Jacobs, una de las grandes voces mundiales en defensa de las ciudades humanas frente a la voracidad inmobiliaria:
“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes”.
Porque eso es exactamente lo que hoy se está disputando en San Luis Potosí.
No solamente un polígono.
No solamente un decreto.
Ni siquiera únicamente la Sierra de San Miguelito.
Los ciudadanos hoy debemos decidir si la ciudad seguirá diseñándose desde la lógica de los barones del concreto… o desde el derecho colectivo a tener agua, territorio y futuro.
