María Ruiz
La propuesta del Gobierno de San Luis Potosí de otorgar recompensas de hasta un millón de pesos por información que permita localizar a personas desaparecidas en casos previos a 2020 generó reservas entre colectivos de búsqueda, que plantearon redirigir esos recursos a identificación forense, equipamiento y mantenimiento operativo.
Durante entrevista posterior al anuncio realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, Edith Pérez Rodríguez cuestionó la efectividad de las recompensas como mecanismo para obtener información sobre desapariciones.
“Es una recompensa que nunca fue usada”, afirmó al recordar que en el caso de sus hijos existían incentivos económicos tanto de autoridades estatales como federales.
Según explicó, cada uno contaba con una recompensa de dos millones y medio de pesos: un millón otorgado por Tamaulipas y un millón y medio por la Federación.
“Jamás nadie quiso decir en ese entonces algo”, señaló.
Pérez Rodríguez relató además que en una ocasión intentó acceder a un esquema de recompensa relacionado con la captura de un presunto responsable, pero desconocía el protocolo oficial.
Indicó que posteriormente comprendió que el recurso no estaba destinado a familiares, sino a quienes aportaran información útil para la detención de los implicados.
Ante ello, propuso que los recursos destinados a recompensas puedan reorientarse, en caso de no ser utilizados, a otras necesidades prioritarias de los colectivos y de las instituciones encargadas de la búsqueda.
“Ese rubro, pues que nos lo den ahorita para identificación. Igual, si al año ese millón de pesos no se usó, pues que se vaya a genética, que se vaya a búsqueda o que nos compren un vehículo”, expresó.
La activista señaló que uno de los principales problemas que enfrentan los colectivos son las limitaciones logísticas y de transporte durante jornadas de búsqueda, pues en ocasiones deben realizar rifas o actividades para costear vehículos y traslados a operativos en otras entidades.
Como ejemplo, mencionó búsquedas realizadas en Tamaulipas, donde el espacio en embarcaciones facilitadas por autoridades resulta insuficiente para familiares buscadores.
“Nada más caben peritos y Ministerio Público y nosotros entonces no vamos a ir”, comentó.
También advirtió sobre deficiencias en el mantenimiento de unidades oficiales entregadas a las instituciones de búsqueda.
“Nos están otorgando un montón de vehículos buenos, pero a los tres años ya son desechables”, dijo, al asegurar que varias unidades presentan fallas mecánicas por falta de servicio adecuado.
Pérez Rodríguez sostuvo que los colectivos mantendrán una postura de exigencia frente a las autoridades, aunque también buscarán construir propuestas.
“Somos muy exigentes, pero somos proactivas”, afirmó.
Asimismo, adelantó que solicitarán que cualquier acuerdo relacionado con la propuesta de recompensas quede formalizado por escrito y validado legalmente.
“Por supuesto que la vamos a sentar, sí, notariada”, declaró.
El Gobierno del Estado anunció que el programa de recompensas formaría parte de un convenio con colectivos de familias buscadoras y podría comenzar a operar en las próximas semanas en las cuatro regiones de la entidad.
