El Radar / Por Jesús Aguilar
La plaza pública potosina ya no cabe en los periódicos que se están encogiendo o desapareciendo en su forma tradicional, ni en los noticieros de televisión que aún subsisten, ni siquiera a los noticieros de radio que se mantienen incólumes ante el huracán digital o en los diarios digitales como Astrolabio o portales digitales multiplataforma como Antena que todavía tenemos directorio, razón social, teléfonos, reporteros, impuestos, nómina y alguien que dé la cara cuando una nota puede no tener… “toda la verdad”.
La conversación pública se mudó a un terreno más ancho, más veloz y más opaco.
Ahí conviven medios profesionales, reporteros en formación, fanpages políticas, cuentas anónimas, gestores de redes, influencers de coyuntura, páginas financiadas desde oficinas públicas, operadores partidistas, portales sin firma, bots, campañas pagadas y ahora también contenidos generados con inteligencia artificial.
Todo junto.
Todo revuelto.
Todo circulando con la misma apariencia de información.
Por eso la propuesta del diputado Héctor Serrano de abrir una discusión sobre la regulación de medios digitales merece ser tomada en serio, pero en serio. No desde el aplauso automático ni desde la descalificación inmediata. Desde la pregunta que verdaderamente importa.
Porque Serrano ha dicho que las páginas deben tener identidad, datos de contacto y mecanismos de réplica. Ha hablado de sanciones contra el anonimato y de la necesidad de que quien sea señalado pueda defenderse. En mis propios espacios de radio he discutido al aire con el propio Serrano ese punto. No una vez, sino varias: el problema existe. La denostación existe. La cobardía digital existe. La mentira fabricada existe. La inteligencia artificial ya se usa para simular, manipular, exagerar, destruir y sembrar sospecha.
Pero la gran pregunta no está resuelta.
¿Quién va a decidir quién es quién?
¿Quién va a determinar si una persona es un militante disfrazado de influencer, un reportero en ciernes sin madurez profesional, un gestor de redes pagado por un político, un gobierno o un partido, una fanpage de guerra sucia, un medio sin firma que usa la inteligencia artificial a placer para denostar enemigos políticos, o un medio responsable que paga impuestos, verifica información, corrige errores y ejerce eso que todavía llamamos periodismo?
Ahí empieza el verdadero debate.
Porque regular sin distinguir puede terminar castigando al más débil y protegiendo al más poderoso. Y dejar todo como está puede convertir la vida pública en un basurero digital donde nadie responde por nada.
Ninguna de las dos salidas sirve.
El problema de fondo no es sólo el anonimato.
Tampoco es sólo la inteligencia artificial. Mucho menos es únicamente si alguien se llama periodista sin serlo.
El problema es el ecosistema invisible que se ha construido alrededor de la política, el dinero público y la conversación digital.
Durante años, gobiernos estatales, municipales, dependencias estatales, organismos descentralizados, partidos y actores políticos han usado recursos públicos o privados para alimentar portales, páginas y perfiles que operan en la frontera entre información, propaganda y ataque.
Algunos publican boletines.
Otros simulan independencia.
Otros se activan únicamente cuando hay una instrucción política.
Otros cobran como medio, operan como despacho de guerra sucia y se presentan como opinión ciudadana.
Y otros, por supuesto, hacen periodismo real desde la precariedad, sin grandes estructuras, pero con método, oficio y responsabilidad.
Meterlos a todos en el mismo costal sería una torpeza.
Pero fingir que todos son iguales también lo es.
La discusión, entonces, debe empezar por una palabra que incomoda a todos: transparencia.
Transparencia de quien publica.
Transparencia de quien paga.
Transparencia de quien contrata.
Transparencia de quien pauta.
Transparencia de quien opera.
Transparencia de quien usa inteligencia artificial.
Si un portal recibe dinero público, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Si una fanpage es administrada por un despacho pagado por un gobierno, también.
Si un influencer cobra por defender una causa política, debe decirlo. Si una publicación es propaganda, no debería disfrazarse de periodismo.
Si un contenido fue generado o manipulado con inteligencia artificial, debe identificarse. Y si un medio profesional recibe publicidad oficial, también debe estar sujeto a reglas claras, públicas y verificables.
Lo que no puede existir es una regulación diseñada únicamente para perseguir al incómodo.
El sistema interamericano de derechos humanos ha advertido por años que el poder público puede restringir la libertad de expresión no sólo mediante censura directa, sino también por vías indirectas: presión económica, uso discrecional de la publicidad oficial, sanciones desproporcionadas, amenazas legales, acreditaciones selectivas o normas ambiguas que terminan generando miedo.
México conoce demasiado bien esa historia.
La publicidad oficial ha sido, por décadas, premio y castigo. Zanahoria y garrote. Oxígeno y mordaza. Una forma de ordenar silencios sin necesidad de cerrar periódicos.
Por eso, si San Luis Potosí quiere discutir en serio el nuevo ecosistema digital, debe hacerlo completo.
No basta con preguntar quién abrió una página de Facebook.
También hay que preguntar qué dependencia le pagó.
No basta con exigir un correo electrónico de contacto.
También hay que publicar los contratos, montos, campañas, facturas, pautas digitales y beneficiarios finales del gasto en comunicación social.
No basta con castigar al que usa inteligencia artificial para atacar.
También hay que saber si desde el poder se contratan estructuras digitales para sembrar linchamientos, fabricar tendencias o destruir reputaciones.
Ese es el punto que vuelve delicada la discusión.
Porque una regulación sana debe proteger derechos, no administrar venganzas.
Debe garantizar réplica, no inhibir crítica.
Debe exigir responsabilidad, no fabricar expedientes penales contra voces incómodas.
Debe distinguir entre error, opinión, sátira, denuncia, propaganda, calumnia, simulación y manipulación dolosa.
Y esa distinción no puede quedar en manos del humor político del día.
El periodismo no puede ser definido por un diputado, por un fiscal, por un gobernador, por un alcalde ni por un partido.
Tampoco puede ser definido únicamente por quien se autoproclama periodista desde una página anónima.
El periodismo se prueba en el método: verificar, contrastar, contextualizar, firmar, corregir, asumir consecuencias, separar información de propaganda y sostener una mínima ética pública frente al lector, el radioescucha o la audiencia.
Pero el Estado tampoco puede lavarse las manos.
Si desde oficinas públicas se paga a páginas sin identidad, si se financian campañas encubiertas, si se premia la obediencia digital, si se castiga la crítica retirando publicidad, si se usan recursos públicos para operar guerra sucia, entonces el problema no está solamente en los portales. Está también en el poder que los alimenta.
Tomarle la palabra a Serrano debería significar abrir una mesa seria, técnica, plural y verificable. No una pasarela de discursos. No un foro para legitimar una ley ya cuestionada. No una encerrona entre políticos y medios afines.
Una mesa con periodistas, académicos, especialistas en libertad de expresión, organizaciones de derechos digitales, fiscalistas, expertos en publicidad oficial, plataformas, medios pequeños, medios consolidados, reporteros independientes, colectivos ciudadanos y defensores del derecho de réplica.
Y con una premisa básica: ninguna regulación sobre medios o comunicación digital debe nacer desde el enojo del poder.
Porque el enojo del poder casi siempre confunde crítica con ataque, incomodidad con delito y escrutinio público con persecución.
La inteligencia artificial obliga a actualizar reglas, sí. Las páginas anónimas obligan a discutir responsabilidades, también. La precarización del periodismo exige revisar condiciones laborales. La propaganda encubierta necesita límites. La publicidad oficial requiere transparencia real. Y la audiencia merece saber cuándo está frente a una investigación, una opinión, un anuncio, una operación política o una pieza fabricada para destruir.
Pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad.
San Luis Potosí tiene una oportunidad: convertir una polémica peligrosa en una discusión democrática de fondo.
Para eso, la pregunta final no debe ser si se regula o no se regula.
La pregunta es quién regula, con qué criterios, bajo qué controles, con qué transparencia, con qué protección a la libertad de expresión y con qué garantías para que el poder no use la ley como una mordaza elegante.
Porque en el ecosistema invisible todos quieren señalar al otro.
El político señala al portal.
El portal señala al gobierno.
El gobierno señala al anonimato.
El influencer señala al medio.
El medio señala al propagandista.
El propagandista se disfraza de ciudadano.
Y la ciudadanía, en medio del ruido, ya no sabe quién informa, quién cobra, quién manipula, quién milita, quién factura, quién inventa y quién responde.
Ésa es la discusión.
No la cómoda.
La necesaria.
Si vamos a limpiar la conversación pública, empecemos por prender la luz.
Pero toda la luz.
También sobre quienes pagan.
