El Radar por Jesús Aguilar
“Hay que meterle más mano dura a esos portales”.
La frase del gobernador Ricardo Gallardo Cardona retumbó esta semana porque, más allá de la polémica inmediata, encierra una admisión que durante años fue negada por muchos actores políticos: existe un problema real en el ecosistema digital.
Existe.
Y quien diga que no, simplemente no está viendo lo que ocurre todos los días en las redes sociales.
Existen páginas sin responsable visible.
Existen perfiles anónimos que operan como aparatos de propaganda.
Existen fanpages que se presentan como medios informativos.
Existen campañas de difamación diseñadas para destruir reputaciones.
Existen granjas digitales.
Existen contenidos generados por inteligencia artificial que buscan manipular emociones antes que informar.
Y existen también intereses políticos, económicos y electorales detrás de buena parte de ese ruido y gobiernos, particulares o intereses que los financian.
Hace apenas unos días, en este mismo espacio, hablamos del “ecosistema invisible”. Ese entramado donde gobiernos, partidos, operadores políticos, influencers, fanpages y pseudomedios conviven en una zona gris que pocas veces asume responsabilidades.
Por eso sería hipócrita afirmar ahora que el problema no existe.
Existe.
Y el propio gobernador acaba de reconocerlo.
Hasta ahí, muchos hacedores profesionales de comuniación podríamos decir: sí.
Sí al diagnóstico.
Sí a la preocupación.
Sí a la discusión.
Pero nunca criminalizar con pena corporal un tema que tenga que ver con la libertad de expresión.
Pero justamente donde termina el diagnóstico comienza la pregunta verdaderamente importante.
¿Quién va a regular?
Porque una democracia madura no puede conformarse con identificar un problema. También debe preguntarse quién tendrá el poder para resolverlo.
¿Será un gobierno?
¿Será un Congreso?
¿Será una mayoría política circunstancial?
¿Será una comisión administrativa?
¿Será una autoridad que mañana podría cambiar de manos?
Porque una cosa es combatir la desinformación.
Y otra muy distinta es construir mecanismos que puedan terminar utilizándose para distinguir entre críticos y aliados.
La libertad de expresión es demasiado importante para dejarla solamente en manos de quienes gobiernan.
Y aquí aparece un dato que merece destacarse.
Durante una conversación radiofónica que sostuve este jueves con el mismísimo diputado Héctor Serrano —autor de la iniciativa que ha abierto esta discusión— asumió públicamente un compromiso al que vale la pena tomarle la palabra.
No habló de imponer.
No habló de aprobar de inmediato.
Habló de consultar.
Habló de convocar.
Habló de abrir un gran foro donde participen periodistas, medios de comunicación, especialistas, académicos, juristas y actores de la sociedad civil para construir una discusión amplia sobre el fenómeno digital que hoy enfrenta San Luis Potosí.
Si ese compromiso se cumple, entonces la conversación cambia por completo.
Porque una regulación nacida de la deliberación pública siempre tendrá más legitimidad que una regulación nacida desde un escritorio.
Y porque nadie posee por sí solo la verdad sobre un fenómeno tan complejo.
Los periodistas no.
Los gobiernos tampoco.
Los partidos mucho menos.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma que planteamos cuando hablamos del ecosistema invisible.
¿Quién determinará si alguien es un militante disfrazado de influencer?
¿Quién decidirá cuándo una página es un medio legítimo y cuándo es propaganda?
¿Quién distinguirá entre crítica legítima y difamación?
¿Quién separará un error periodístico de una mentira deliberada?
¿Quién vigilará a quienes pretendan vigilar?
Ahí está el corazón del debate.
Por eso, desde los medios que damos la cara, que firmamos nuestras opiniones, que respondemos por lo que publicamos y que abrimos el micrófono todos los días para escuchar incluso a quienes piensan distinto, la respuesta es sencilla.
Y aún más, medios que han sido proyectos reales, instituciones en toda regla y no “invenciones” temporales para crear porras o pandillas hostigantes evidentemente artificiales y sin inteligencia.
Por eso hoy terminamos acudiendo a la filósofa mexicana contemporánea, María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija, mejor conocida como “La Chimoltrufia”, para afirmar categóricamente, “pa´que te digo que no, si sí”.
Sí.
Pero no.
Sí a la transparencia.
Sí al derecho de réplica.
Sí a combatir la mentira organizada.
Sí a exigir responsables visibles.
Sí a limpiar el chiquero digital.
Pero no a la censura.
No a los árbitros políticos.
No a los mecanismos que mañana puedan utilizarse para castigar adversarios, críticos o incómodos.
Porque el verdadero desafío no consiste en controlar internet.
Consiste en construir reglas que sirvan exactamente igual para el gobernante de hoy, para el opositor de mañana y para el ciudadano de siempre.
Esa es la diferencia entre una democracia fuerte y una democracia nerviosa.
Y esa discusión, si de verdad será abierta, plural y pública, vale la pena tenerla.
