A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha
Conocida como la “ecuación corrupta”, destapada en junio de 2017, la trama que involucró a diputados locales, alcaldes y funcionarios públicos exhibió la manera en la que los legisladores locales se coludieron con funcionarios de la Auditoría del Estado para limpiar los registros de deudas de gobiernos municipales. Había un manejo discrecional de las multas, sanciones, observaciones y una báscula sin límites para realizar la fiscalización del estado. Un verdadero asco.
La “ecuación corrupta” salió a la luz un 12 de junio de hace más de 5 años en un video en el que el diputado panista de San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, ofrecía al alcalde de Ébano Crispín Ordáz, (que fue asesinado en octubre de 2022) la posibilidad de limpiar el historial de la deuda de su administración a cambio de 10 por ciento del monto.
En la grabación que estalló como un ejemplo claro de las componendas que subsisten en la trama local por encima de partidos y afiliaciones, Kike Flores señala cómo él, Óscar Bautista Villegas y Manuel Barrera Guillén, coludidos con funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), exigen a varios alcaldes entre el 10 y 20 por ciento de los montos observados por el organismo auditor para dejar limpio el registro de las deudas de los alcaldes.
Las revelaciones en torno a la “ecuación corrupta” de San Luis Potosí arrojan una tremenda reflexiónsobre el arraigado problema de la corrupción en los sistemas de gobierno local. Este escándalo no sólo expone la magnitud del problema, sino que también pone en relieve la intrincada red de connivencia y explotación que se ha permitido que florezca. Las implicaciones de esta trama van mucho más allá de las discrepancias financieras; socavan la esencia misma de la gobernanza y la confianza pública.
En el centro de este escándalo está el flagrante abuso de poder y autoridad en beneficio propio. El hecho de que los cargos electos, cuya principal responsabilidad es servir al público, hayan sido sorprendidos orquestando un sistema que básicamente permite la manipulación de los registros financieros para obtener una parte de las ganancias, es profundamente preocupante. Erosiona la fe que los ciudadanos depositan en sus representantes e instituciones, perpetuando un ciclo de cinismo y apatía que obstaculiza el progreso de la sociedad.
Una lección clave que cabe extraer de esta situación es la importancia crítica de la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza. La corrupción tiende a florecer en entornos en los que faltan supervisión y contrapesos. En este caso, la connivencia entre los legisladores locales y los funcionarios de auditoría del Estado ejemplifica un fallo en el funcionamiento eficaz de estos sistemas. Para prevenir este tipo de sucesos en el futuro, deben existir mecanismos que no sólo fomenten la denuncia de irregularidades, sino que también garanticen que los responsables rindan cuentas, independientemente de su cargo o afiliación política.
En última instancia, el escándalo de San Luis Potosí debería suscitar debates más amplios sobre reformas sistémicas. Éstas podrían incluir la reevaluación de los procesos de selección e investigación de antecedentes de los funcionarios públicos, la mejora de la formación ética y el refuerzo de la independencia de los organismos de supervisión.Sólo tomando medidas integrales y sostenidas pueden las sociedades esperar liberarse de las garras de la corrupción y construir gobiernos que realmente sirvan a los intereses de sus ciudadanos.
Ayer jueves 24 de agosto, el Pleno del Congreso aprobó en sesión extraordinaria, la desaparición de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para dar paso al nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado, por si fuera poco también difuminan a la Unidad de Evaluación y Control (UEyC), para que su cuerpo operativo pase a formar parte de la Comisión de vigilancia del Congreso del Estado.
Un retroceso rampante, un acto de incongruencia total y un nuevo aparato avalado por la clase política de San Luis Potosí que coludida, amenazada o comprometida, arrasan de un jalón con las instituciones con presunta autonomía que deberían velar por los intereses del pueblo.
Una verdadera bergoña Doctor!
