Abstencionismo hace más caro el voto en San Luis Potosí

DESTACADOS, LOCALES, SAN LUIS

San Luis Potosí registró una participación ciudadana del 16.6% en la elección para elegir jueces y magistrados del Poder Judicial, lo que significa que solo 368 mil 307 personas de los más de 2 millones con derecho a voto participaron en esta elección. Esta baja participación refleja el poco interés de la población en este proceso electoral.

A pesar de que la elección fue legal y se llevó a cabo en todo el país, el alto costo por voto se debe principalmente al abstencionismo. Los recursos asignados no se aprovecharon de manera eficiente, ya que el gasto se distribuyó entre pocos votos. En San Luis Potosí, cada voto costó aproximadamente 298 pesos.

En términos de presupuesto, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) solicitó cerca de 208 millones de pesos para la organización de la elección judicial. Sin embargo, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Finanzas, autorizó solo 110 millones, y estos recursos fueron entregados en partes pequeñas, lo que complicó la organización del proceso.

San Luis Potosí se colocó como la cuarta entidad a nivel nacional con mayor participación en esta elección, con un 16.6%, superando la media nacional que fue de apenas 12.9%. Solo le ganaron Coahuila con 24.3%, Durango con 19.6%, y Veracruz con 19.4%. Esto muestra que, a pesar del bajo interés general, aquí hubo un mayor involucramiento que en otras regiones.

Para comparar, en la elección judicial federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) destinó cerca de 7 mil millones de pesos para todo el país, con una participación de 11.3 millones de votantes, lo que significa que cada voto costó 619 pesos. En contraste, en la elección presidencial de 2024, el presupuesto fue de 8 mil 802 millones de pesos y participaron 60.1 millones de personas, con un costo por voto de solo 146 pesos.

La principal causa de que cada voto cueste tanto dinero es la baja asistencia a las urnas. Por más que la elección se haya realizado con todos los requisitos legales, la falta de participación hace que el gasto total se distribuya entre pocos votos, encareciendo así el costo por voto.

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