El próximo décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ocurrió el 26 de septiembre de 2014, ha evidenciado la polarización en el movimiento social que busca justicia. A pesar de que todos los actores comparten la misma exigencia de devolver a los estudiantes con vida, sus enfoques y estrategias difieren notablemente.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha estado presente desde el primer día. En entrevista, recuerda cómo ayudó a los padres, quienes apenas hablaban español, y asegura que el caso se estancó cuando se intentó deslindar responsabilidades al Ejército mexicano. Él confía en que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, tendrá el reto de resolver el caso para evitar que se convierta en un nuevo ‘Halconazo’ o en una de las muchas masacres que han quedado impunes en la historia de México.
Por otro lado, Felipe de la Cruz, activista y padre de un sobreviviente de la noche de Iguala, ha tomado un camino diferente. Después de alejarse de los padres de los normalistas por sus aspiraciones políticas, ha vuelto con otro grupo de familiares. Él argumenta que la administración del presidente López Obrador ha logrado algunos avances, mencionando detenciones clave como la de Jesús Murillo Karam.
Ambos activistas coinciden en que el crimen organizado jugó un papel importante en las desapariciones, señalando que está vinculado estrechamente con el Estado. Rosales destaca que el caso Ayotzinapa no se puede separar de la historia de impunidad en el país, y teme que si Sheinbaum no logra avances significativos, el caso será solo otro en la larga lista de agravios no resueltos.
Rosales también señala que durante los primeros años de la Cuarta Transformación (4T) hubo buena voluntad para avanzar en la investigación, pero desde 2022, las cosas se estancaron cuando se comenzó a apuntar hacia el Ejército. Sobre su reunión con Sheinbaum, expresa su esperanza de que se trace una nueva estrategia para continuar la búsqueda de justicia, aunque mantiene reservas sobre los resultados.
Felipe de la Cruz, por su parte, menciona que las condiciones han cambiado con el actual gobierno, destacando que ahora existe un diálogo abierto con las autoridades. A pesar de su crítica hacia las protestas de otros grupos, sostiene que la situación ha mejorado y que el gobierno está dispuesto a recibir a los padres de los normalistas.
La relación entre los distintos grupos de padres también es tensa. La división surgió cuando algunos de ellos se mostraron favorables a ciertas políticas del gobierno y otros continuaron presionando por justicia. De la Cruz señala que su colectivo, “Verdad y Justicia por los 43”, se formó tras sentirse marginados por otros grupos y que ahora buscan una vía clara para lograr sus objetivos.
La esperanza de los padres y activistas es que con la nueva administración se puedan abrir puertas hacia una investigación efectiva y transparente que les permita encontrar la verdad sobre la desaparición de sus hijos. Mientras tanto, marchas y protestas continúan siendo parte de su lucha por justicia y visibilidad.
