Activistas acusan negligencia tras fallecimiento de mujer por legrado en clínica privada

LOCALES, SAN LUIS

Una mujer perdió la vida en San Luis Potosí luego de someterse a un procedimiento de legrado en una clínica privada. A pesar de que la interrupción del embarazo ya no es delito en la entidad, activistas señalaron que la falta de apoyo institucional y de servicios públicos adecuados obliga a muchas mujeres a recurrir a clínicas inseguras.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, los hechos ocurrieron la mañana del viernes 11 de abril, cuando agentes recibieron un reporte de emergencia. Un grupo de personas les hizo señales en la calle, indicando que en un vehículo se encontraba una joven a la que intentaban llevar al hospital.

Cuando los cuerpos de auxilio llegaron al lugar, confirmaron que la mujer ya había fallecido. Familiares contaron que fueron a un consultorio privado para realizar el legrado, pero que el médico salió del sitio tras complicaciones en el procedimiento. Dejó a la paciente bajo el cuidado de una mujer que actuaba como asistente médica.

Esta asistente fue detenida por las autoridades, y la Fiscalía General del Estado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

La organización Marea Verde San Luis Potosí emitió un comunicado en el que condenó lo ocurrido y responsabilizó a las instituciones de salud por no garantizar el acceso efectivo a servicios seguros y gratuitos para la interrupción del embarazo. Aseguraron que esta muerte muestra que la despenalización no es suficiente si no se acompaña de acciones concretas.

El colectivo explicó que muchas mujeres aún enfrentan barreras como la falta de información, protocolos médicos inexistentes, carencia de insumos y personal capacitado, así como estigmatización social. Todo esto las lleva a buscar ayuda en lugares no seguros, poniendo en riesgo sus vidas.

Activistas exigieron a las autoridades estatales, a la Fiscalía y a instituciones federales como el IMSS y el ISSSTE que implementen estrategias para asegurar el derecho a un aborto legal, seguro y digno.

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