Personas con discapacidad visual y motriz, peatones, activistas que defienden el derecho a la movilidad y tres organizaciones civiles presentarán este viernes un amparo contra la armonización de varias leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por haberse aprobado sin realizar la consulta obligatoria a personas con discapacidad y porque la homologación está incompleta.
El Congreso del Estado aprobó el dictamen el pasado 29 de mayo, que modificaría las leyes estatales: de Tránsito, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de Salud, de Transporte Público, del Sistema de Seguridad Pública, Orgánica del Municipio Libre, Orgánica de la Administración Pública y que Establece el Derecho de Vía y su Aprovechamiento en las Vías Terrestres de Comunicación Estatal.
“Nosotros estuvimos trabajando con [Rubén] Guajardo las modificaciones, lo hicimos conscientes de que esto iba a salir sí o sí. Pero, nosotros dijimos que queríamos la ley completa y ellos (los diputados) dijeron no, esto es lo que hay”, explica Catalina Torres Cuevas, defensora por los derechos de las personas con discapacidad, que junto a otros activistas impulsaron la Ley Santi y, ante la negativa de la actual legislatura para aprobarla, trabajaron con el diputado panista en las modificaciones.
Torres Cuevas dice que la armonización “iba salir sí o sí” porque el Congreso la aprobó con retraso y presionados por otro amparo. Tras la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada el 19 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, los estados tenían un plazo de 180 días para armonizar sus leyes; se cumplió el tiempo dictado y ante la inacción, Luis González Lozano, de la organización Cambio de Ruta, promovió un amparo para agilizar estas modificaciones legislativas.
“Pasan los meses sin hacer nada, hasta que más o menos lo empiezan a trabajar, es el documento que tienen ya listo desde el mes de enero (17 de enero de 2024). No sabemos por qué, pero ese documento lo congelan. Pasa el tiempo y [el diputado Antonio] Lorca Valle mete otra propuesta, (en febrero de 2024), que tampoco estaba bien hecha. Nosotros nos juntamos y metimos la Ley Santi (el 19 de marzo de 2024)”, explica Lois Muñoz, ciclista, peatona y experta en movilidad.
La Ley Santi es una propuesta de legislación ciudadana basada en la Ley General, que busca garantizar el derecho a la movilidad, incluido, recientemente, en el artículo 4o constitucional, que dice: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Sin embargo, los diputados actuales decidieron congelarla pues, argumentaron, no contaban con los recursos para las consultas y decidieron agilizar la armonización.
“La armonización completa requiere que se haga una ley estatal de movilidad y que se armonicen las leyes actuales. No estamos en desacuerdo en que se hagan las modificaciones, pero tienen que abarcar todos los puntos y no puede ser lo único que se haga. Los diputados nos han dicho que se va a hacer el año que entra, pero no tenemos confianza en ellos y, legalmente, con lo que acaban de hacer cubren lo que pide la federación. Con esto ya cumple, aunque no esté bien hecho”, explica Catalina Torres.
Lo que está en juego con la armonización completa es la reducción de muertes y lesiones por siniestros viales.
Lo que falta en la armonización
“Se hicieron algunas modificaciones que están en la Ley General, sin embargo, no remiten a la parte más importante de la ley que es, justamente, proteger las vidas. Cuando estábamos trabajando con el diputado, él desechó muchas de las propuestas porque decía que no entraban en las leyes actuales y que tenían que incluirse en una nueva ley, pero no se nos ha garantizado que se va a aprobar una nueva ley. No podemos tomar esta armonización parcial como el cumplimiento del Congreso”, señala Lois Muñoz.
En la actual armonización se omiten todos los derechos de las víctimas que modificarían la Ley de Salud. Este gran avance de la Ley General de Movilidad indica mecanismos para que la atención prehospitalaria mejore en calidad y servicio, pero también garantizando los derechos, es decir que se reconozca la calidad de víctimas de siniestros viales y puedan recibir la orientación, asesoría para su atención, recibir la asistencia de un intérprete en caso de que no comprendan el idioma o tenga algún tipo de discapacidad, recibir un trato digno, respetar su intimidad y dignidad evitando la divulgación de la información que puedan violentarla y se exige recibir atención médica y psicológica.
“Esto es importantísimo porque los siniestros viales están tan normalizados que las personas que los viven no están identificadas como víctimas”, comenta Lois.
Otros de los puntos fundamentales de la Ley General es promover la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios de transporte público, la armonización sólo dice que se cuidará la calidad, sin embargo, no señala cuáles son los parámetros.
“La Ley General dice que se necesita un plan operacional, regularidad y continuidad del servicio, horarios de operación, frecuencia de paso, velocidad, monitoreo de infracciones. En cuanto a los vehículos necesitan cumplir con el diseño universal, buen estado físico-mecánico, control de emisiones, seguridad vehicular, control de higiene y vigilar la antigüedad de las unidades. En cuanto a las personas conductoras, se menciona la capacitación y el seguimiento de protocolos de protección de personas usuarias, que incluye acoso sexual, y la garantía de los derechos laborales de los trabajadores”, explica Lois Muñoz, la lista de parámetros para transporte publico sigue, abarcando la infraestructura de las paradas, la vigilancia en seguridad vial, que se utilicen tecnologías de la información para su operación, entre muchas cosas más.
Otras de las omisiones de la armonización que deja desprotegida a prácticamente toda la ciudadanía son las normas de protección a peatones, partiendo del hecho que todos y todas somos en algún momento peatones.
“En este punto la Ley General es muy extensa y lo que realmente busca es transformar esas obligaciones en derechos para las personas más vulnerables. Por ejemplo, actualmente se dice que los peatones sólo pueden cruzar por las áreas peatonales, la ley menciona que los peatones tienen derecho a contar con áreas que sean seguras para ser utilizadas, ahí se transformó la obligación en derechos y es el Estado quien garantiza que se cumplan”, explica Lois.
La idea de la ley es poder promover una movilidad más justa, segura y accesible para todas y todos; previniendo los siniestros viales, las heridas graves y, sobre todo, evitando las muertes en hechos de tránsito. La Ley General establece normas más estrictas de seguridad vial, como regular velocidad en áreas urbanas, que contradicen los proyectos actuales de movilidad del municipio y el estado, que se basan en mover únicamente a los coches sin promover la movilidad activa o asegurando el bienestar de los peatones.
Ante el aumento de siniestros y la inauguración de infraestructura excluyentes en la capital, como el más reciente paso a desnivel en la avenida Salvador Nava, los activistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general exigen el cumplimiento de la norma.
“Guajardo dijo que los ciudadanos no damos seguimiento a las propuestas ciudadanas, esta es una manera de demostrar que no es cierto, no solo damos seguimiento también estamos exigiendo que se cumplan de manera cabal no parcial, como pasa con esta armonización”, finaliza Lois.
– Astrolabio
