La defensa de los jóvenes detenidos por el accidente del antro “Rich” asegura que el proceso penal avanza con reglas disparejas y decisiones arbitrarias de parte de algunos jueces de control. Marco Polo Méndez Alonso, abogado de Nancy Aurora y Ulises, afirmó que han encontrado actitudes dolosas en al menos dos juzgadores que incluso han impedido que víctimas mayores de edad otorguen el perdón, pese a que la ley les da este derecho.
El abogado recordó que, cuando dos de las víctimas estaban listas para concluir el trámite de perdón, uno de los jueces lo prohibió sin fundamento. Incluso les exigió presentar un dictamen psicológico que demostrara que no habían sido presionados, requisito que no aparece en ninguna norma, pero que argumentó debido a la “relevancia” del caso. Para la defensa, esto demuestra que se están atendiendo intereses externos a la justicia.
Méndez Alonso señaló que el proceso se ha acelerado de manera inusual, con audiencias programadas cada cinco días, lo cual contrasta con otros casos menos mediáticos. Como ejemplo mencionó que un imputado de la tercera edad por robo tuvo una audiencia y la siguiente fue fijada hasta enero, mientras que el caso “Rich” avanza a un ritmo atípico. Esto, dijo, genera sospechas de tratos preferenciales y decisiones dirigidas.
El abogado también acusó que, desde el inicio, se ha pretendido cargar toda la responsabilidad a los imputados, cuando el accidente del 7 de junio de 2024 ocurrió en un área común de la plaza Alttus, y no dentro del bar. Subrayó que la falla del barandal y otras condiciones de seguridad eran responsabilidad de funcionarios públicos que actuaron de forma dolosa al no vigilar adecuadamente la estructura. Señaló que la zona incluso fue reparada meses después con los mismos materiales y técnicas, dejando nuevamente en riesgo a la población.
Respecto a la actuación de las autoridades, indicó que tanto víctimas como defensa han solicitado acceso al expediente de la Contraloría, donde se plantea sancionar a, al menos, tres funcionarios públicos. Sin embargo, el acceso ha sido negado de manera repetida, lo que constituye una violación al derecho a la verdad para las víctimas y a la defensa para los imputados. Afirmó que la investigación penal se ha encaminado únicamente sobre los detenidos, ignorando la responsabilidad institucional.
Méndez Alonso detalló que, aunque sus representados enfrentan un delito culposo —sin intención directa—, la actuación de servidores públicos fue dolosa, por lo que deben responder también por la reparación del daño. Insistió en que el accidente fue resultado de fallas estructurales en un espacio que no era parte del bar, sino de una zona común de la plaza. “A mis defendidos se les quiere cargar todo el paquete, cuando no son los únicos responsables”, sostuvo.
Otro punto que criticó fue la difusión de información sensible por parte de algunos actores victimales, la cual ha obstaculizado los acuerdos reparatorios. Señaló que se han revelado datos privados, incluso de la propietaria de uno de los inmuebles ofrecidos como garantía para pagar al Fondo de Atención a Víctimas. Este fondo, dijo, se utilizaría para resarcir a lesionados y a familiares de los fallecidos, así como para reintegrar recursos previamente otorgados por la CEEAV.
En contraste con las trabas judiciales, el abogado destacó que sí hay avances en posibles acuerdos. Dijo haber sostenido conversaciones con la abogada Heidi Ruiz, representante de tres víctimas, con quienes se podrían alcanzar convenios. También reportó progreso con la CEEAV en favor de dos personas afectadas. Reiteró que los imputados están en la mejor disposición de hacerse cargo de lo que les corresponde y han mostrado apertura desde el principio.
Comentó que la madre de uno de los jóvenes fallecidos expresó que no busca perjudicar a los detenidos y que incluso los perdona. Sin embargo, consideró que algunas actuaciones institucionales —especialmente de jueces de control— han incrementado el sufrimiento de las víctimas e impedido que avancen mecanismos alternativos de solución, como el diálogo o la reparación del daño.
Finalmente, el abogado dijo confiar en la Fiscalía General del Estado, en la CEEAV y en el acompañamiento brindado por la Subsecretaría de Gobierno para avanzar en los acuerdos. Añadió que esperan que la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados de segunda instancia y el Tribunal de Disciplina Judicial intervengan para vigilar las decisiones de los jueces involucrados, pues consideran que dos de ellos han actuado de manera claramente arbitraria.
