La Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito “Christian A.C.” encabezó este jueves una manifestación pacífica frente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para exigir justicia en dos casos que —aseguran— evidencian la falta de sensibilidad y de perspectiva de víctimas dentro del sistema judicial potosino.
La presidenta del organismo señaló directamente al juez José Pedro Gómez Ávila, cuyas resoluciones, dijo, han favorecido a los agresores y dejado en la indefensión a las víctimas.
En el primer caso, la asociación denunció la negativa de vinculación a proceso en el atropellamiento de Petra Zavala Tovar, una mujer de la tercera edad que fue arrollada en 2021 por un vehículo conducido por Ana Gabriela Saucedo. A pesar de las fracturas y secuelas permanentes que sufrió la víctima, el juez desestimó los peritajes médicos y testimonios presentados por la familia al considerar que no eran suficientes para acreditar responsabilidad.
El segundo caso corresponde a José de Jesús Mendoza Bravo, condenado por violar a su hija de un año, quien actualmente goza del beneficio de semilibertad, lo que le permite salir del penal de lunes a viernes y regresar sólo los fines de semana. Para la organización, esta decisión constituye “una afrenta a los derechos de la infancia” y contraviene los principios constitucionales de protección al interés superior de la niñez, además de enviar “un mensaje de permisividad ante los delitos más graves”.
La Asociación Fe y Esperanza pidió la intervención inmediata de la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura para revisar los criterios y decisiones del juez Gómez Ávila, así como valorar su posible sanción.
“La justicia debe proteger, no lastimar”, afirmaron los representantes del colectivo, quienes reiteraron su compromiso de acompañar a las víctimas y visibilizar los casos de impunidad en San Luis Potosí.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a la sociedad civil, colectivos y medios de comunicación a no permanecer indiferentes.
“No pedimos privilegios —subrayaron—, pedimos humanidad, empatía y respeto a la ley. Las víctimas tienen nombre, historia y dignidad; merecen ser escuchadas y protegidas, no silenciadas ni ignoradas”.
