La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhibió la tortura y violación sexual que sufrió una mujer a manos de agentes federales.
La recomendación 21/2013 dirigida a Manuel Mondragón y Kalb, comisionado Nacional de Seguridad y a Fernando Toranzo, Gobernador de San Luis Potosí, versa sobre el caso de una joven de 30 años de edad atacada en la capital de esta entidad la noche del 14 de abril de 2011.
De acuerdo con la versión de la víctima en el cruce de Eje Vial y Avenida La Paz, 12 elementos de la División de Fuerzas Federales que viajaban en dos patrullas le cerraron el paso y ordenaron que descendiera del vehículo con el argumento que éste era robado.
Además pidieron que acreditara la documentación del automóvil a lo que la mujer argumentó que no podía porque un amigo se lo había prestado, en respuesta fue introducida a una patrulla en donde le golpearon la cara.
Posteriormente, la trasladaron a un lugar que no identificó, en donde le ataron las extremidades y le cubrieron los ojos.
Fue sometida a un interrogatorio, pero los cuestionamientos fueron acompañados de golpes, le introdujeron agua por la boca para ahogarla, al tiempo que le imponían descargas eléctricas en los senos y las ingles.
Después de amenazarla con el argumento de que su familia sería dañada, nuevamente fue subida a la patrulla y llevada a otro sitio.
“La golpearon, la violaron hasta que perdió el conocimiento; cuando despertó se percató que se encontraba en un vehículo oficial en el cual la trasladaron a las instalaciones de la citada Policía Federal, en donde la obligaron a firmar un documento del cual desconoció su contenido”, refiere la CNDH.
Al día siguiente quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí y aunque declaró haber sido violada, los ministerios públicos ignoraron su versión y, por el contrario, integraron la indagatoria.
El 17 de abril fue ingresada al Centro Estatal de Reclusión número 1 “La Pila” acusada de deslealtad al empleo, cargo o comisión o perjuicio al servicio público y robo calificado, quedó en libertad el 6 de junio del año pasado porque los juzgadores no encontraron elementos suficientes para sustentar las acusaciones.
Tras reprochar el comportamiento de los agentes y las omisiones de los ministerios públicos, la CNDH recomendó a las autoridades reparar integralmente el daño a la afectada y proceder contra los seis responsables.
Insistió en la urgente capacitación de los servidores públicos y que se proporcione a los uniformados equipos de videograbación y audio para acreditar que sus operativos se realizan con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
