La estancia para adultos mayores “Santa Sofía”, ubicada en la calle Fray Diego de la Magdalena #855 en San Luis Potosí, fue clausurada tras la difusión de videos donde se evidencian presuntos actos de maltrato físico y verbal contra personas de la tercera edad. Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, provocaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la exigencia de justicia por parte de organizaciones civiles.
De acuerdo con registros públicos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), actualizados hasta diciembre de 2024, el asilo no figuraba entre los centros oficialmente acreditados. A esto se suma la falta de claridad por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) sobre si el establecimiento contaba con licencia sanitaria vigente, lo que sugiere que podría haber operado de manera irregular.
La noche del miércoles, el inmueble fue desalojado y clausurado. Vecinos del sector reportaron que los últimos residentes fueron retirados durante la mañana del jueves, tras el escándalo mediático.
Aunque los nombres de los operadores del centro ya circulan en algunos espacios, no se han hecho públicos oficialmente debido a que el proceso legal sigue en curso. Se sabe que el sitio era administrado por un médico geriatra y una psicóloga que también actuaba como cuidadora.
En respuesta a la difusión de los videos, la directora del asilo, identificada como Águeda, publicó un mensaje asegurando que los materiales fueron grabados en 2023 por extrabajadores que buscaron extorsionarla. “Me dijeron que si ellos salían perdiendo, yo también iba a salir perdiendo”, declaró. Aseguró que los videos están manipulados y que el trato a los adultos mayores siempre fue digno y supervisado por sus familiares.
Sin embargo, Mariana Hernández Noriega, presidenta de Cuidadoras Potosinas, alertó sobre el grave riesgo que implica que este tipo de espacios operen fuera de la ley y sin vigilancia. “No todos los adultos mayores tienen las mismas necesidades. Algunos requieren atención médica especializada, cuidados paliativos o apoyo para enfermedades neurodegenerativas. No es solo darles de comer o tenerlos sentados”, enfatizó.
Actualmente, San Luis Potosí cuenta con apenas 14 asilos oficialmente registrados, frente a los más de 1,200 que existen en todo el país. A pesar de que COEPRIS reporta haber realizado 476 inspecciones entre 2016 y 2022, no se registran sanciones públicas, lo que refleja una supervisión institucional débil y omisa.
Este caso se suma a antecedentes documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en 2019 ya había advertido sobre malas condiciones en otras estancias del estado, como los asilos “Ignacio Montes de Oca” y “Feliz Atardecer”.
Mientras continúan las investigaciones, organizaciones civiles, familiares y ciudadanos exigen justicia, sanciones ejemplares y una revisión integral al sistema de cuidados en el estado.
