ADVIERTEN QUE INICIATIVA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFIAL PODRIA DERIVAR EN CENSURA

El abogado José Mario de la Garza Marroquín advirtió a través de su cuenta de X sobre los riesgos de la iniciativa presentada por el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, ante el Congreso del Estado, que busca reformar el Código Penal para castigar el uso “indebido” de la inteligencia artificial. De acuerdo con el jurista, la propuesta, bajo el argumento de proteger a las personas frente a los deepfakes, podría derivar en mecanismos de control político, censura y persecución de la crítica o la parodia.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 187 al Capítulo V del Título Cuarto del Código Penal, así como crear un nuevo capítulo denominado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, que incluiría los artículos 272 Bis y 272 Ter. Su objetivo sería sancionar a quienes difundan contenidos generados con inteligencia artificial que reproduzcan la imagen, voz o rostro de una persona sin autorización o que generen alarma social y menoscaben la autoridad.
En su exposición de motivos, el legislador del Partido Verde sostiene que el rápido avance de la inteligencia artificial generativa ha transformado los procesos de creación y difusión de contenidos digitales, y que es necesario establecer límites ante el uso de tecnologías capaces de producir imágenes, audios o videos hiperrealistas mediante redes neuronales como el deep learning o las GANs (Generative Adversarial Networks).
Para De la Garza, el problema central no es la tecnología sino el enfoque punitivo con que se pretende regularla. En lugar de promover transparencia, responsabilidad civil y educación digital, la propuesta recurre nuevamente al derecho penal como herramienta de control, creando delitos técnicos y de difícil comprobación que podrían usarse de forma selectiva. En un país donde la mayoría de los delitos quedan impunes, advierte que este tipo de reformas solo agravan la desconfianza institucional y abren la puerta a abusos de poder.
El abogado recordó que en las democracias modernas las políticas sobre inteligencia artificial se diseñan desde la ética, la regulación civil y la protección de derechos, no desde el castigo. Considera que en manos equivocadas, esta iniciativa podría intimidar a periodistas, limitar la sátira y restringir la libre expresión, al otorgar al Estado la facultad de determinar qué constituye una “alarma social”.
La propuesta de Héctor Serrano será turnada a comisiones del Congreso del Estado para su análisis, discusión y eventual votación. Mientras tanto, especialistas en derecho digital y libertad de expresión coinciden en que regular la inteligencia artificial no puede traducirse en criminalizar la opinión, sino en generar normas que garanticen la ética tecnológica y el equilibrio entre innovación y derechos humanos.