Estela Ambriz Delgado
Con una asistencia de 263 representantes de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo el Foro Territorios libres de proyectos destructivos de los bienes comunes, en el que se habló de las empresas contaminantes que han generado daños a la salud y al medio ambiente, además de advertir de las posibles prácticas de fracking en la Huasteca Potosina, dado que la iniciativa para prohibir la práctica fue desechada de la agenda legislativa federal.
El pasado 16 de febrero, en el municipio de Xilitla tuvo lugar el foro regional convocado por la Contraloría Autónoma de Agua de San Luis Potosí, con el fin de identificar las estrategias para detener la degradación de las aguas, suelos, aire y bosques, así como fortalecer los procesos de autogobierno indígena como eje social de la protección del territorio, a través de la reforma del artículo 2 constitucional.
La ponencia también se realizó con el acompañamiento de la Coalición Global de los Pueblos Frente al Extractivismo, en la que participan diversos colectivos sociales, académicos y representaciones comunitarias, para contribuir con acciones de monitoreo, investigación y propuestas, para el buen gobierno del agua.
Entre los ponentes, el doctor Andrés Barreda Marín, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e integrante fundador de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER), explicó que desde hace más de tres décadas Estados Unidos ha usado a México como patio trasero para trasladar muchas de sus industrias contaminantes.
Puntualizó que México se encuentra en una situación en la que se han conformado cerca de 80 regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA), así como sitios de emergencia sanitaria y ambiental (SESA), en las que se integran todo tipo de empresas contaminantes sin ninguna regulación, lo que ha provocado distintos niveles de contaminación generadores de daños a la salud de las personas y al medio ambiente.
Asimismo, el académico se refirió a la situación que prevalece en la Huasteca Potosina, como la operación de los ingenios azucareros, la empresa Citrofrut, Cemex, las empresas ganaderas y energéticas, las cuales contaminan los principales ríos de la región y que confluyen en el río Pánuco.
En este sentido, destacó la importancia de que las comunidades indígenas y la población afectada fortalezcan su participación y organización para incidir en los distintos órdenes de gobierno para regular sus operaciones.
En el foro también se abordó el tema de la posibilidad de que se implemente el fracking en el área desde Reynosa, Tamaulipas, pasando por la región biocultural de las huastecas, Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca, y Barreda Marín advirtió que es una llamada de alerta el que en la agenda legislativa se haya desechado la iniciativa de reforma constitucional para su prohibición.
Derivado de dicha situación, los participantes afirmaron que tanto la ciudadanía, como los pueblos y comunidades indígenas, deben fortalecer su organización, movilización y sus capacidades de incidencia ante el Gobierno Federal, a tal grado que puedan inhibir las inversiones en este tipo de actividades destructivas del medio ambiente y violatorias de los derechos humanos y colectivos.
En la discusión se contó con la participación de autoridades comunitarias de Aquismón, Xilitla, Axtla de Terrazas, Coxcatlan, Huehuetlán, Ébano, Tanlajás, San Martín, San Vicente Tancuayalab y Tampacán, así como de integrantes de las Contralorías del Agua de Tamaulipas y San Luis Potosí, quienes enfatizaron en la contaminación de sus arroyos y ríos de los que se abastece la población para uso doméstico, ocasionada por las descargas de aguas residuales de las zonas urbanas, agroindustrias, agroquímicos, ganaderas y energéticas.
