
Autoridad ambiental no cumple monitoreo del aire
A pesar de que la autoridad federal ha concedido dos amparos a la organización ambientalista Cambio de Ruta, para que se cumpla con la medición de la calidad del aire en San Luis Potosí, las autoridades responsables apenas han cumplido estos mandatos judiciales en un 20 o 30 por ciento, estimó Luis González Lozano, vocero de esta organización.
No han cumplido ni a medias
El activista consideró que “decir que han cumplido a medias sería muy generoso'”, y señaló que uno de los amparos ganados en los tribunales ordena el monitoreo de las partículas PM2.5 en San Luis Potosí capital; y otro ordena la instalación de un sistema eficaz de monitoreo de la calidad del aire en el municipio de Rioverde.
González Lozano destacó que el cumplimiento ha sido un poco complejo por varias razones, y que una de estas razones es la pandemia de coronavirus que ha originado cierta lentitud en el seguimiento; otra de las razones consideradas por el activista es el tema económico con el que la autoridad ha tratado de justificar el incumplimiento de la sentencia, argumentando que no hay recursos para instalar equipos y hacer la medición a la que está obligada.
Incompetencia influye en falta de resultados
El vocero de Cambio de Ruta consideró que en este incumplimiento de los mandatos federales también influye mucho la incompetencia de la autoridad ambiental en San Luis Potosí, que se ha caracterizado por no hacer nada en favor de los potosinos.
Resaltó que, a su juicio, lo que están haciendo las autoridades, es “patear el bote” o aplicar aquella máxima de que “el de atrás paga”, pues la actual administración estatal está por concluir y ya van a dejar el cargo sin haber cumplido con sus encomiendas.
Seguimos luchando para que garanticen nuestra salud
González Lozano señaló que “esperemos que no sea así, nosotros estamos poniendo especial interés para que esto se resuelva a la brevedad, pero ellos van despacio; a lo mejor es por el cambio de gobierno. En Cambio de Ruta seguimos con la lucha para exigir que se cumpla con la garantía constitucional de un medio ambiente sano y el derecho a la salud”.
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