En medio de un ambiente de incredulidad hacia los 10 partidos políticos particiapantes y de alerta en al menos 14 zonas consideradas como focos rojos por la violencia generada tanto por el crimen organizado como por la inconformidad de organizaciones y ciudadanía, el próximo domingo 7 de junio en Guerrero se llevará a cabo la jornada electoral intermedia para elegir un nuevo Gobernador, 81 alcaldes y 46 diputados.
El pasado 28 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) incluyó a Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco dentro de los estados de la sección de Atención Especial por inseguridad.
En tanto, por conflictos sociales señaló a dos entidades: Oaxaca por la actuación que pidiera tener el magisterio para impedir el proceso, y cuatro regiones de Guerrero: Chilpancingo, Tixtla, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez, zonas donde actúan organizaciones que, con la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, promueven la no realización de las elecciones.
En total, el INE identificó hasta el mes de abril, 15 mil 134 Secciones de Atención Especial en todo el país; por situaciones de alto índice de migración, 8 mil 128 secciones; por alta inseguridad pública, 6 mil 656; problemas de salud pública, 991, y por discriminación, 458.
Aunque el organismo electoral sólo contempla cuatro zonas de alerta en Guerrero, el Ejército mexicano reforzó la seguridad en dos más: Iguala y Ciudad Altamirano, ello ante las amenazas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de impedir las elecciones.
Por su parte, las autoridades estatales han identificado al menos 14 regiones de la entidad guerrerense que son considerados como “focos rojos” para el desarrollo pacífico de la jornada electoral: Tixtla, Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Teloloapan, Iguala, Cocula, Tlapehuala, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Ahuacuotzingo, Coyuca de Benítez, Ciudad Altamirano y la zona conurbada de Acapulco.
El proceso electoral que se vive en Guerrero es considerado por analistas como el más difícil y conflictivo de su historia. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que llegó al poder estatal en 2005 con Zaferino Torreblanca Galindo, no significó para los guerrerenses un cambio, al contrario, esta situación se acentuó con la llegada al poder de Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El sexenio que está por concluir estuvo enmarcado por escándalos alrededor de la familia de Aguirre, pero sin duda, el conflicto que detonó el declive de su gobierno fue el asesinato de seis normalistas y la desaparición de 43 de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre.
De acuerdo con la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarco Velázquez y su esposa María de los Ángeles Villa Pineda, fueron los actuales intelectuales de la desaparición de los estudiantes.
Estos hechos generaron el descontento social no sólo en Guerrero, también en todo el país, donde miles de personas salieron a las calles en rechazo a la violencia y exigiendo la aparición con vida de los jóvenes.
Desde la desaparición de los estudiantes las manifestaciones no han cesado, la noticia de la responsabilidad de Abarca en la desaparición de los 43 confirmó lo que los padres sospechaban desde el principio: las autoridades coludidas con el crimen organizado involucradas en la desaparición de sus hijos.
Por ello, desde el arranque de las campañas electorales, padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa desparecidos hace más de ocho meses han solicitado a los ciudadanos rechazar los comicios en Guerrero.
“Le vamos a decir al INE que no debe haber elecciones en Guerrero, porque votar por la clase política es votar por narcopolíticos y eso significa la muerte”, dijo durante una entrevista Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, uno de los desaparecidos.
En el marco de protestas en contra de los comicios electorales, el lunes pasado, normalistas y padres de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, tomaron radiodifusoras de manera pacífica para emitir un mensaje en contra del proceso electoral.
La emisora Radio Estereosol, ubicada en Atoyac de Álvarez, fue una de las que vieron interrumpida su transmisión para que los manifestantes dieran a conocer su mensaje.
Al tiempo que las inmediaciones del medio de comunicación eran resguardadas por elementos de la Policía Estatal y Municipal.
En Chilpancingo, tomaron los micrófonos de dos emisoras, entre ellasCapital 22, en las que reiteraron su descontento con el proceso electoral en curso y llamaron a la población a escribir en las boletas electorales el número 43, en señal de protesta, reportan medio locales.
Ayer miércoles las protestas continuaron, más de 150 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la sede del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y quemaron propaganda electoral afuera de Ciudad Universitaria (CU) y después apedrearon camiones de la Policía Federal (PF).
Por su parte, integrantes del MPG y la CETEG bloquearon la carretera federal Chilapa-Tlapa, en el puente Ahuatepec Ejido como parte del plan para boicotear las elecciones del domingo.
Además, en una acción coordinada, integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña mantuvieron, por tercer día consecutivo, un bloqueo total en la carretera federal Tlapa-Puebla, en La Nopalera, en demanda de granos básicos y viviendas.
A su vez, estudiantes normalistas y miembros del Movimiento Magisterial de Tixtla se enfrentaron con elementos de la PF en la autopista Chilpancingo- Tlapa, a la altura del acceso a Tixtla, después de que los elementos de seguridad impidieran el paso de los autobuses en el que los estudiantes se trasladaban a Chilpancingo.
De acuerdo con la Lista Nominal del estado, se prevé que los 2 millones 404 mil 953 guerrerenses que están registrados acudan a votar el próximo domingo.
A fin de garantizar la seguridad y el desarrollo pacifico de la jornada electoral, más de 12 mil elementos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y Policía Federal, fueron desplegados en los estados donde existen focos rojos.
De acuerdo con fuentes oficiales, más de la mitad de ellos –7 mil 884– son militares, y su tarea no sólo incluye la prevención de actos violentos de células del narcotráfico, también de otros grupos de activistas.
