“Las escuelas de educación especial, no sólo nosotros, han sido olvidadas por los gobiernos municipales soledenses y potosinos, y el gobierno estatal nos ha reducido recursos a la mitad o menos; no les interesa la atención a este sector tan vulnerable de la población que, además, va en aumento”, denunció María Guadalupe Barrientos, directora de la Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental AC, quien lamentó que “hacemos el trabajo que debería hacer el gobierno y aún así nos dejan a nuestra suerte”.
Expuso que “en la administración municipal de 1997 en adelante, y hasta 2006, el gobierno municipal cooperaba con algo, dícese mobiliario, equipo, fondos, algo. Pero a partir del gobierno de Jorge Lozano, se acabó. Incluso esta que está por terminar, la de Mario García Valdez, sólo nos apoyó el primer año con cuatro mil pesos por cuatrimestre, que incluso nos aportaron con un año de atraso”.
En cuanto al gobierno de Soledad, porque atendemos a personas de los dos municipios conurbados, criticó que hasta les retiraron becas a algunos de los muchachos que acudían a terapias y clases, y advirtió que no hay conciencia de la importancia del trabajo que hacen, pues sólo reciben salario los académicos, y es bastante bajo, y todos los demás, administrativos, gestoría, etcétera, lo hacen gratis, aunque es en cuanto a esfuerzo el mismo trabajo que se haría en un plantel escolar, si no es que mayor.
“Y es que no tenemos solamente un tipo de discapacidad atendida; antes nos ofrecieron apoyo si nos volvíamos un instituto sólo para síndrome de down, pero ¿con qué cara íbamos a pretender educar y asesorar para incluir a nuestros niños para que no fueran excluidos de la sociedad cuando nosotros sí estaríamos excluyendo a otros sólo por no tener el mismo tipo de afección?”, cuestionó.
Por ahora, aseguró que se ha estado buscando contacto con los políticos que ganaron la elección, pero “al final son donaciones de algunas empresas de la Zona Industrial y de personas particulares las que nos mantienen a flote, porque incluso los diputados nos han cerrado la puerta; tenemos el caso de Ruth Tiscareño, quien incluso se portó de manera bastante grosera con nosotros”, reveló.
Por ahora, señaló, “sólo nos queda seguir trabajando. Hubo otro diputado que, aunque no nos dio fondos, sí nos asistió para gestionar recursos ante el gobierno del estado, pero incluso esos nos fueron recortados a la mitad, poco más de 10 mil pesos para todo un año. Ojalá se dieran cuenta de que el trabajo que hacemos es el trabajo que ellos deberían hacer cuando, en lugar de eso, nos reducen más y más la expectativa y, peor aún, la de nuestros jóvenes”.
Fuente: Jornada
