En San Luis Potosí, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave. Para combatirla, un grupo de jóvenes presentó en el Congreso del Estado una iniciativa que busca que todo el personal que ingrese a trabajar en instituciones públicas reciba capacitación obligatoria en prevención de violencia de género, respeto a la diversidad y derechos humanos.
La propuesta plantea modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas para incluir esta formación como un requisito desde el inicio del empleo. La capacitación estaría a cargo de organizaciones civiles, académicos o dependencias especializadas, con un enfoque en sensibilización y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa nace de un proyecto académico del Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa “Matilde Cabrera Ipiña de Corsi” y responde a la necesidad de prevenir y erradicar la violencia y discriminación en el ámbito laboral del sector público.
En su exposición de motivos, los proponentes recordaron que México ocupa el décimo lugar mundial en feminicidios y que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), el 27.9% de las mujeres que han trabajado ha sufrido algún tipo de violencia laboral. Estas conductas, señalaron, afectan el ambiente de trabajo, el rendimiento y la calidad de los servicios públicos.
Además, la propuesta mantiene que el resto de las capacitaciones y adiestramientos continúe impartiéndose cada año, como ya marca la ley, pero agregando la formación en perspectiva de género y derechos humanos para quienes se integren por primera vez al servicio público estatal.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Derechos Humanos y del Trabajo para su análisis. Entre los promoventes están Fernanda de León, Monserrat Rocha, Olimpia Hernández, Emmanuel Lara, Andrés Flores, Aaron Camargo, Israel López, Raúl Hernández, Eliana Carlos y Eduardo Piña.
