Autoridades municipales encendieron alertas sobre la operación de empresas de seguridad privada irregulares en la Zona Industrial de San Luis Potosí, al advertir que, lejos de proteger, podrían estar facilitando la comisión de delitos.
El señalamiento surgió tras reuniones con representantes del sector empresarial, donde se identificó un problema creciente: la falta de regulación efectiva en este tipo de servicios, considerados un eslabón crítico dentro del esquema de seguridad industrial.
De acuerdo con el diagnóstico, algunas compañías operan sin cumplir con estándares mínimos de legalidad, certificación o capacitación de su personal, lo que abre la puerta a riesgos como filtración de información sensible y vulneración de protocolos internos.
Ante este panorama, autoridades y empresarios trabajan en una estrategia para ordenar el sector, que contempla la creación de un padrón de empresas de seguridad privada, así como la revisión de permisos, antecedentes y capacidades operativas.
Además, se plantea segmentar a las empresas por giro industrial, con el objetivo de atender problemáticas específicas en sectores como el acerero, tecnológico o de servicios, donde los riesgos y necesidades de seguridad son distintos.
Aunque se reportan avances en la contención de delitos como el robo al transporte —uno de los más frecuentes en la zona—, el problema de fondo persiste dentro de las propias estructuras de vigilancia contratadas por las empresas.
El mensaje de las autoridades es contundente: sin controles reales, supervisión constante y personal capacitado, la seguridad privada puede convertirse en una vulnerabilidad, en lugar de una garantía para uno de los corredores económicos más importantes del estado.
