En México existen mexicanos de primera y de segunda en materia de acceso a la Justicia.
La diferencia radica entre los estados que ya aprobaron la reforma penal y las entidades donde su implementación está atorada.
Así lo consideró Ernesto Canales, integrante de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso.
“Los ciudadanos del Estado de México tienen mejores derechos que los ciudadanos del Distrito Federal, y eso que la reforma del Estado de México es una de las reformas que ha ido mejorando en su implementación, que todavía no vemos sus mejores frutos, pero que va encaminada a tenerlos.
“Hay un mejor sistema de Justicia en los estados con reforma que en el Distrito Federal o como Jalisco o Veracruz. Llama la atención que Jalisco y Veracruz, siendo importantes, no tomen esas medidas, por lo que podemos decir que en estos lugares los ciudadanos tienen menos derechos que los ciudadanos, por ejemplo, de Chihuahua, de Baja California o Nuevo León, que ya cuentan con la reforma penal”, afirmó.
En entrevista, Canales Santos indicó que en México más de la mitad de las entidades ya cuentan con la legislación aprobada, luego de que sus Congresos locales emitieron nuevos Códigos de Procedimientos Penales y acordaron además un plan de implementación que varía de un estado a otro, pero que ya se aplica.
Recordó el caso de Nuevo León, cuyo Congreso decidió una aplicación gradual por delitos en vez de considerar el territorio.
“Dado que Monterrey o la zona metropolitana es el lugar más importante del estado, en vez de aplicarlo por municipio se decidió mejor que se fuera aplicando a los delitos menores, y ya va ahorita en los delitos medios, el grado de implementación de cada estado varía, pero sí podemos señalar avances en todos estos estados”, celebró Canales.
El abogado lamentó por otra parte, que en estados como Jalisco y Veracruz aún no se organicen o se estructuren mesas de trabajo para lograr consensos y aterrizar nuevas leyes en materia penal.
Para el presidente de la Institución Renace A.B.P, los resultados en materia de justicia de los estados que ya cuentan con la reforma penal, son satisfactorios.
Por ejemplo, mencionó que la media nacional de víctimas que acuden a denunciar delitos, es del 15 por ciento.
Esto es, que el 85 por ciento no tiene la confianza en las autoridades para levantar una denuncia.
“Prefieren tragarse el crimen que han sufrido a dejar sus datos a las policías. En cambio en los estados con reforma, por ejemplo, en Chihuahua que ha tenido desde luego problemas de implementación, pero que los ha superado, este porcentaje es del 35 por ciento. Para un País civilizado, se considera que debe ser de un 60 por ciento.
“Pero bueno, hay una diferencia enorme entre la media nacional y los estados con reforma, porque la ciudadanía tiene una mejor confianza en sus autoridades”, advirtió.
Por su parte, la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional de Gobierno del Estado, ha informado en diversas ocasiones, que sería hasta el primero de marzo de 2014 cuando se podrían implementar los Juicios Orales en San Luis Potosí.
Se afirma que se tiene un avance del 80 por ciento en el proceso de capacitación de las operadoras sustantivas que podría finalizar en el presente año y enseguida se podría dotar de infraestructura y equipo necesario para cumplir con las condiciones que exige la Ley, como las salas de Juicios Orales.
El nuevo sistema no sólo se refiere a los Juicios Orales, sino a los sistemas alternos de solución de conflictos para contar con agilidad en los procesos, como lo constituye la Ley de Mediación.
Asimismo, el esquema incluye la atención a las víctimas del delito, como aspecto fundamental del nuevo sistema.
En San Luis Potosí, se visualiza un retraso en la implementación de los Juicios Orales, al tiempo de aseverar que no hay infraestructura en las áreas judicial, penal y ministerial, así como que la capacitación ha sido muy poca, como quien dice, los potosinos son de segunda, en materia de acceso a la Justicia.
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