La activista Gabriela Silva y el académico Guillermo Luévano Bustamante, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), señalaron que la inseguridad es la principal deuda en materia de derechos humanos en el estado, pese a los avances en garantías individuales. Ambos coincidieron en que las autoridades tienen pendientes significativos para atender a la población.
Gabriela Silva destacó que la violencia contra la mujer sigue siendo un problema grave, pese a la alerta de violencia de género implementada en 2017, la cual sigue vigente en diversos municipios. La abogada afirmó que esta situación refleja más una necesidad de mejorar las políticas públicas que un avance sustancial en derechos humanos.
Además, subrayó la discriminación hacia la comunidad LGBT+, particularmente a las personas trans no binarias, así como la falta de inclusión en áreas como movilidad y desarrollo urbano. La activista destacó que el 60-70% de las violencias de género ocurren en el ámbito doméstico, según datos de la ONU México, y urgió a fomentar una cultura de paz y eliminar estereotipos relacionados con género, raza y clase.
Por su parte, Guillermo Luévano enfatizó que las principales violaciones a derechos humanos están relacionadas con abusos de cuerpos policiacos, como detenciones arbitrarias y abuso de autoridad, que son temas recurrentes en las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Sin embargo, señaló que muchas problemáticas no llegan a estas instancias, lo que evidencia fallas en el respeto y cumplimiento de los derechos desde el Poder Ejecutivo y los órganos municipales.
Ambos expertos coinciden en que es necesario un cambio profundo en las políticas públicas y una atención integral para garantizar el respeto a los derechos humanos en San Luis Potosí.
