Hace apenas unos días celebrábamos en San Luis Potosí la entrada en vigor de la Ley de la Persona Joven para el estado como una importante modificación sustantiva a la legislación local en favor del reconocimiento de los derechos de la juventud. Dicha iniciativa, como se dijo entonces, implicaba la concreción de esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, académicas y tras discusiones y mesas de trabajo, la suma de diversas expresiones partidistas representadas en el Congreso local. El Poder Ejecutivo del estado, con sus resistencias, tuvo también su representación, pues en las mesas de trabajo colaboraron personas del Instituto Potosino de la Juventud.
El 29 de marzo pasado Enrique Peña Nieto expidió un acuerdo administrativo para “agrupar” al Instituto Mexicano de la Juventud y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, dentro de un sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Estas dos entidades quedan subsumidas dentro de la agenda de la secretaría. En ambos casos me parece grave, pero me referiré en particular aquí al instituto.
Sería interesante plantear la discusión sobre la modificación de la naturaleza jurídica del instituto tras el acuerdo presidencial, ya podría ser mínima o significativa. Lo que veo de entrada es que las implicaciones políticas no son menores, la decisión de Peña Nieto “sectoriza” a la juventud, es decir, integra una entidad descentralizada de la administración pública federal a una secretaría enorme como es la de Desarrollo Social, la cual tiene una agenda amplísima con una demanda general sobre temas absolutamente prioritarios como el combate a la pobreza, las políticas alimentarias, programas de educación y los relacionados con el campo. Todo eso acabará relegando el tema de las juventudes, con sus propias prioridades, su presupuesto, sus políticas de atención específicas, a un plano muy secundario.
Hace apenas diez días la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud tendientes supuestamente a fortalecerlo y ampliar su margen de acción para hacer más efectivas las políticas sobre juventud en el país. Pues esas reformas serán matizadas por el peso de una decisión administrativa, como la del Peña, quien demuestra una notable incomprensión de los principios que hoy se requieren para atender a los problemas de las juventudes o peor aún, un profundo desprecio por la agenda de las y los jóvenes.
Mientras que los instrumentos internacionales y las posiciones jurídicas más avanzadas demandan una perspectiva horizontal, ampliada, transversal, que requiere que la visión de las y los jóvenes esté plasmada en todas las entidades de la administración y en sus programas sociales, el gobierno federal transita a la inversa, sectorizando a la juventud.
Las contradicciones que suman y restan derechos a la sociedad abonan a un escenario de incertidumbre que genera incomprensión y confusión en las personas sobre la legalidad en la que viven. También complica la adecuada interpretación y aplicación de las normas.
La complejidad de los sistemas jurídicos implica la existencia de numerosas contradicciones internas que restan consistencia y legitimidad a las acciones gubernativas. Es probable que por un lado se transite hacia un régimen de reconocimiento de derechos a grupos poblacionales y por otro lado se acoten sus libertades, las políticas públicas para su atención, los programas y presupuestos destinados a éste, como puede verse en este caso. Por si las leyes no fueran lo suficientemente confusas en muchos casos para un amplio sector de la población, las decisiones políticas envían mensajes contradictorios en detrimento de la eficacia del sistema jurídico.
Con información de: http://www.lajornadasanluis.com.mx/2013/04/02/walter.php
