En un hecho histórico para Colombia, la justicia sentenció al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal, dentro de un caso de manipulación de testigos que lleva más de una década en los tribunales. La jueza Sandra Liliana Heredia, de Bogotá, también le impuso una multa de 578 mil dólares y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Uribe, de 73 años y presidente entre 2002 y 2010, se declaró inocente y su defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. El fallo llega en pleno arranque del camino electoral rumbo a las presidenciales de 2026, donde varios de sus aliados buscarán cargos clave.
El proceso comenzó en 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de orquestar un plan para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema concluyó que Cepeda actuó dentro de sus funciones y que, por el contrario, Uribe habría intentado influir en testigos por medio de terceros.
La sentencia ha generado reacciones divididas: mientras sectores políticos lo ven como un triunfo de la justicia, sus seguidores lo califican de persecución. Incluso en Estados Unidos, su principal socio comercial y aliado contra el narcotráfico, la decisión ha levantado críticas y advertencias de posibles repercusiones diplomáticas.
Uribe ya había estado bajo arresto domiciliario en 2020, y su nombre se suma a la lista de exmandatarios latinoamericanos que han enfrentado procesos penales, como Alberto Fujimori, Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández.
