El presidente Andrés Manuel López Obrador “no ha demostrado el mínimo interés” en atender la crisis de derechos humanos por la que “México atraviesa” y la respuesta del gobierno mexicano “ha oscilado entre negar su existencia y redoblar su apuesta por el uso de los militares”, denunció ayer la abogada venezolana Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
En una entrevista con EL UNIVERSAL, Taraciuk dijo sobre la captura, el pasado 5 de enero en México, del narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, que “una detención aislada dista de ser una estrategia integral para pacificar el país o recuperar el control territorial”.
La denuncia se registró en el contexto de que HRW, organización no estatal global para la defensa de los derechos humanos con sede en Washington, difundió ayer un informe mundial en el que destacó que, con impunidad, “los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador”, que empezó en 2018.
Tras admitir que el arresto de Guzmán “claramente es importante combatir el poder de la delincuencia organizada”, la abogada afirmó que “la persistencia de la crisis de desapariciones en México es desoladora”.
“México sigue ubicándose entre los países más peligrosos del mundo para los periodistas, los defensores ambientales y los defensores de derechos humanos, en términos del número de asesinatos cada año”, explicó.
“México atraviesa una crisis de derechos humanos y el gobierno de López Obrador no ha demostrado el más mínimo interés en atenderla. La tasa de homicidios ha alcanzado su nivel más alto en la historia durante este sexenio. El número de personas desaparecidas sigue en aumento”, relató.
Al insistir en que “la respuesta” de López Obrador ante el conflicto fue recurrir a las fuerzas militares, recordó que esa “estrategia de seguridad lleva ya casi dos décadas de fracaso bajo tres presidentes de tres partidos”.
Sobre las desapariciones, mencionó que “se trata no solamente de la incapacidad de localizar a quienes han desaparecido sino también de la falta de esfuerzos coordinados entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la capacidad de identificación forense a nivel estatal y local”.
“Hay razones para creer que muchos de los desaparecidos son simplemente victimas que nunca fueron debidamente identificadas por las autoridades antes de ser enterradas en fosas comunes”, lamentó.
El reporte
López Obrador aseguró que respeta los derechos humanos, pero el informe anual de HRW acusó que su gobierno “ha colaborado” con el de Estados Unidos “en la implementación de políticas abusivas con el fin de prevenir” que los migrantes irregulares americanos, africanos y asiáticos “viajen” por territorio mexicano “para llegar” a suelo estadounidense.
“Las personas que migran a través de México habitualmente son víctimas de delitos cometidos por los carteles delictivos, los criminales comunes y, a veces, policías y funcionarios de migración. Los delitos contra migrantes rara vez se denuncian, investigan o castigan”, narró.
López Obrador “ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes logren cruzar el territorio de México para llegar a Estados Unidos. Ha movilizado a casi 30 mil soldados con propósitos de control migratorio”, recalcó.
Sobre las prácticas racistas, puntualizó que “soldados y agentes migratorios (mexicanos) operan puntos de revisión y control migratorio en todo el país. A menudo, el blanco de estas revisiones son personas negras, morenas o indígenas”.
“México detuvo a más de 307 mil migrantes en 2021, la cifra más alta desde que hay registro. Los centros de detención migratoria están sobrepoblados y en condiciones insalubres”, detalló.
De acuerdo con el informe, “el personal de esos centros suele presionar a los migrantes para que acepten el ‘retorno asistido’ a sus países y desalentarlos de la posibilidad de solicitar refugio, aun cuando manifiestan que su vida podría correr peligro si son obligados a regresar a sus países”.
Al precisar que en 2021 hubo 28 homicidios cada 100 mil personas en México, reportó que cerca del 90 % de los delitos “nunca se denuncian” y una tercera parte jamás se investiga.
“Menos del 16 % de las investigaciones se ‘resuelven’ (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo (mexicano) oficial de estadísticas”, añadió.
“Desde el inicio de la ‘guerra’ contra el crimen organizado en 2006, los índices de delincuencia violenta han sufrido un aumento drástico en México, y alcanzaron niveles históricos (en) el gobierno (…) López Obrador (…). Si bien las autoridades a menudo atribuyen esta violencia a carteles delictivos, la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables”, planteó.
Con “miles de personas” que desaparecen cada año, “más de 105 mil se consideraban desaparecidas” a septiembre de 2022 y “la mayoría” después de 2006, refirió.
Al evocar que, desde 2007, los presidentes de México movilizaron militares para combatir al crimen organizado y en tareas de seguridad pública, señaló que “soldados, policías y agentes del Ministerio Público han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada, que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con impunidad casi absoluta”.
La zona
El retroceso de América Latina y el Caribe en derechos humanos es “uno de los peores de los últimos años”, declaró Taraciuk en videoconferencia.
En varios países hay un “gravísimo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho” y un “ataque directo frontal” a las instituciones democráticas, los sistemas electorales, el Poder Judicial, la prensa independiente y la sociedad civil autoridades por parte de autoridades electas democráticamente, algunas de corte populista y autoritario, adujo Taraciuk.
En la zona se “corre el riesgo de hacer tambalear los pilares fundamentales que sostienen a la democracia”, alertó.
HRW determinó que el agravamiento de la violencia y la pobreza desplazó a millones de latinoamericanos y caribeños y agudizó los líos migratorios.
También culpó a los gobiernos izquierdistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba de cometer “abusos aberrantes” e instó a la dirigencia política de América Latina y el Caribe a presionar para lograr una transición democrática en esos países.
El informe completo puede obtenerse en el siguiente enlace: Informe Mundial 2023 | Human Rights Watch (hrw.org)
El Universal
