El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la reciente reforma en la Ley de Amnistía durante una conferencia de prensa, enfatizando que la medida tiene como objetivo principal otorgar perdón a quienes colaboren en la búsqueda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y no para liberar a “amigos” como algunos han sugerido.
López Obrador destacó que esta reforma busca persuadir a aquellos involucrados en el caso de los normalistas desaparecidos para que proporcionen información crucial. Subrayó que el gobierno protegerá a quienes decidan cooperar.
“Estamos haciendo un esfuerzo para convencer a quienes participaron, que nos den información, los vamos a proteger. También aprovecho, porque no tenemos que ocultar nada, por eso es que reformamos la Ley de Amnistía, porque hay quienes piensan que reformamos la Ley de Amnistía para que el presidente pueda sacar al que desee, y que se convierta en un tirano, un dictador. Es para estos casos, este en especial y otros”, explicó el mandatario.
El presidente anunció que entregará un informe detallado a los padres de los normalistas el próximo 3 de julio en Palacio Nacional, subrayando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en este caso sensible.
Además, López Obrador informó sobre la impugnación del amparo presentado por el Juez Ulises Bernabé, de Iguala, quien busca evitar su aprehensión en Estados Unidos. El presidente expresó que el gobierno está impugnando el proceso y solicitando una revisión exhaustiva del mismo.
“Estamos impugnando el proceso y además pidiendo la revisión de todo. Estamos construyendo el caso basándonos en pruebas sólidas, incluyendo testimonios y declaraciones que indican la presencia de los estudiantes desaparecidos en la base de la policía”, declaró López Obrador.
El presidente también criticó las declaraciones de la señora Anabel, mencionando que no ofrece pruebas suficientes para refutar las evidencias existentes sobre la presencia de los estudiantes en la base de la policía municipal de Iguala.
Este anuncio refleja el compromiso del gobierno mexicano con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, buscando esclarecer los hechos y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley.
