Amnistía Internacional pidió a las autoridades mexicanas “investigar con urgencia” la Orden de Relevo y Designación de Mando con la cual el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) documentó que el pasado 30 de junio de 2014 se ordenó a elementos del Ejército mexicano abatir a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
“Esta orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis más grave de los derechos humanos en la historia reciente de México, que ha dado lugar a miles de muertes y desapariciones”, manifestó por medio de un posicionamiento dado a conocer este día Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Guevara Rosas dijo que “es fundamental que el Presidente Enrique Peña Nieto condene públicamente este acto y haga un compromiso público con los derechos humanos al ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e independiente por parte de las autoridades civiles”.
El Centro Prodh logró documentar en un informe presentado el día de ayer que los militares del 102 Batallón de Infantería San Antonio del Rosario, responsable del municipio de Tlatlaya, recibieron la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad, y reducir su actividad durante el día, con el fin de acabar con los criminales, mientras que es de noche, ya que la mayoría de los crímenes son cometidos en ese momento “”.
Amnistía Internacional dijo que no ha encontrado ningún caso en el que “abatir” gente no se refiera al hecho de matar. “Hay motivos razonables para creer que la instrucción militar alentó a las ejecuciones extrajudiciales”, manifestó.
“A pesar de la orden incluye algunas llamadas generales de respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje utilizado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados fueron instruidos para matar a presuntos delincuentes”, dijo Erika Guevara-Rosas.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo en entrevista para SinEmbargo que México está sumido en una “profunda crisis de derechos humanos” y casos como Tlatlaya y Ayotzinapa no estarán claros sin la voluntad y una investigación realmente seria por parte del Gobierno federal al Ejército mexicano.
“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura”, dijo Vivanco.
Al respecto, Amnistía Internacional reiteró este día que la orden exhibida por el Centro Prodh parece indicar que la muerte de las 22 personas no fue consecuencia de un enfrentamiento, sino el “resultado directo” de una orden de ir a matar.
“En el contexto de este caso no hay duda de que el término ‘abatir’ significa matar – varios documentos militares en este caso utilizan el término con este significado preciso”, refiere la organización.
Indica que la misma terminología “se ha utilizado en varias ocasiones con este significado en el transcurso de muchos años en numerosos comunicados de prensa militares”.
Por ello, la organización pidió una investigación imparcial, independiente y eficaz de los militares involucrados en la masacre Tlatlaya.
“Esto debe incluir cualquier comandante militar o de otras personas con responsabilidad de mando que sabía o debería haber sabido que las fuerzas estaban cometiendo o se proponían cometer esos delitos y no tomaron ninguna medida para prevenir o reprimir el crimen, o para someter el asunto a las autoridades civiles competentes para investigación y enjuiciamiento”, manifestó.
Dijo que durante años, Amnistía Internacional ha documentado otros casos en los que las fuerzas armadas de México participaron en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, los crímenes de violencia sexual y otros delitos tipificados en el violaciónes de derecho y los derechos humanos internacionales.
“El gobierno mexicano no ha negado cualquier participación en tales delitos o dicho que representan casos aislados realizados por individuos que actúan por su cuenta”, manifestó el organismo internacional. E indicó: “Esta última revelación ha arrojado serias dudas sobre esta narrativa y debe incitar a las autoridades civiles para poner en marcha una investigación seria sobre las acciones, estrategias y políticas de los militares”.
Amnistía dijo que el gobierno mexicano debe garantizar que todas las órdenes permanentes similares se cancelen inmediatamente y se ponga inmediatamente fin a las fuerzas armadas que realizan funciones policiales regulares, tales como detenciones, las investigaciones y los interrogatorios.
Con información de: Sin Embargo
