Organización civil logra suspensión de obra tras denunciar tala sin autorización ni medidas de mitigación
El Juzgado Sexto de Distrito del Noveno Circuito Judicial Federal concedió un amparo a la organización civil Cambio de Ruta, con el que se ordena la suspensión inmediata de los trabajos de deforestación en la ampliación del bulevar Río Santiago, una obra impulsada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
Según el juicio de amparo 614/2025-III, la resolución aplica específicamente a las actividades de tala y afectación de arbolado urbano en el tramo comprendido entre El Palmar y Palma de la Cruz, ubicado en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
De acuerdo con Cambio de Ruta, la obra —licitada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop)— comenzó sin contar con un estudio de impacto ambiental autorizado, ni con medidas de mitigación adecuadas. El especialista Alfredo Ávila Galarza, de la UASLP, señaló que se trata de una intervención ambiental que no ha sido sometida a consulta pública como lo exige la Ley Ambiental estatal y el Acuerdo de Escazú.
“No se han acreditado permisos ambientales válidos, ni dictámenes técnicos ni planes de reforestación o compensación ambiental”, señaló la organización.
Ante esta situación, el juez federal determinó que se debe frenar toda actividad de desmonte, poda, derribo o traslado de vegetación, hasta que no se acrediten formalmente los permisos y se garanticen las medidas de protección ambiental conforme a la legislación vigente.
En caso de que las autoridades responsables logren presentar dichos documentos, deberán incluir garantías de trasplante de árboles, reforestación o compensación ecológica, con base en normativas locales e internacionales.
Cambio de Ruta enfatizó que no se oponen al desarrollo urbano, sino a que este se realice de forma irregular o violando derechos ambientales:
“Queremos obras legales, transparentes y sustentables”, expresaron.
La resolución judicial representa un precedente importante en defensa del arbolado urbano y la legalidad en la ejecución de infraestructura pública. Ahora, será responsabilidad de las autoridades estatales y municipales acatar la medida mientras se resuelve de fondo el amparo.
