Gobierno deberá devolver parte del ISN a una empresa; obras para beneficiar a la armadora podrían no realizarse.
La falta de atención a las normativas parlamentarias por parte del Poder Legislativo local, constituyeron el argumento fundamental para que un juez de distrito otorgara un amparo a la empresa Aluprint, en contra del incremento al Impuesto Sobre la Nómina, por lo que la Secretaría de Finanzas tendrá que devolver a esta empresa una quinta parte de lo que erogó por este gravamen, que entró en vigencia en enero del 2014, informó Ónix Ponce Lomas, directivo de esta firma. Cabe recordar que este impuesto es la garantía que ofreció el gobierno estatal para adquirir un crédito por más de 700 millones para realizar obras comprometidas a la BMW, por lo que su realización está en riesgo.
“Estamos hablando que del 2.5 recuperas un 0.5, realmente no es tan fuerte el impacto ni el beneficio para la compañía (…), simplemente fue una cuestión de que no considerábamos conveniente la resolución de incrementarlo (el impuesto). Veníamos de una Reforma Fiscal bastante negativa en contra del impulso económico para las empresas, y todavía en ese mismo año, la situación del impuesto sobre nóminas, aquí local, vino a agravar la situación de impuestos en los negocios”, sostuvo.
Jorge Chessal Palau, experto en temas legales, agregó que a raíz de esta resolución hay un modo en el que los sujetos de este gravamen que no se han amparado o que se ampararon y no obtuvieron la protección, pueden solicitar el recurso. En principio, explicó que la sentencia se fundamentó, no en un estudio de fondo del propio incremento al impuesto, sino en que el Congreso Local no atendió a sus normativas, que señalan que cualquier dictamen que sea discutido en pleno deberá ser analizado por los congresistas con 48 horas de anticipación, y aunque el orden de día de la sesión puede cambiar, sí es necesario conocer con al menos dos días previos las modificaciones.
“Los diputados no pudieron probar que el dictamen lo tuvieron a la vista 48 horas antes de la sesión y eso es suficiente para invalidar la ley”, por lo que de entrada “ya hay un argumento que considera que esta ley es inconstitucional”.
Abundó que cuando se considera que una ley es inconstitucional se tienen tres momentos para solicitar la protección sobre los efectos de la misma: el primer momento es cuando la ley es publicada e inicia su vigencia, con hasta 30 días para promover el amparo; una vez concluido este término procede solicitar protección cuando se realiza el primer acto de aplicación de la ley, en el caso del impuesto, cuando se paga el gravamen, para esto se tiene un plazo de hasta 15 días para impugnar.
En el último de los casos y que está relacionado con el pago del impuesto, si se deja de pagar este gravamen, una vez que la autoridad requiera el pago, el empresario se debe amparar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (TECA) y una vez que se rechace la petición se retoma el argumento de inconstitucionalidad ante una instancia superior, con hasta 15 días de plazo, y lo más probable es que la resolución sea favorable, señala el abogado.
Chessal Palau comentó además que en el entendido de que el incremento del ISN sirvió como base para que el gobierno del estado fundamentara el préstamo de más de 700 millones de pesos para cumplir con los compromisos adquiridos con BMW, podría haber una afectación para la empresa.
“El que se haya concedido un amparo, por sí mismo, no significa que esto vaya a ocurrir, pero si empezara la gente a impugnar, ya fuera a través del tercer caso, o cualquiera de las formas, y esto significara una baja sensible en el recurso, estaría perdiéndose la garantía sobre la cual el crédito se fundamentó y la institución crediticia pediría su pago anticipado”, concluyó.
Fuente: Global Media
